La Sociedad Rural Argentina al país en el primer aniversario del gobierno de la dictadura El odio de estos días

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Archivos - Año 2008

La Sociedad Rural Argentina al país en el primer aniversario del gobierno de la dictadura

El odio de estos días

“Cayeron las hipocresías: la Argentina es racista, conservadora y muy impiadosa”

BRASIL: NUESTRA BATALLA SE LIBRA EN ARGENTINA

Argentina: la mirada mapuche sobre el conflicto del "campo" que no es la tierra

Federación Agraria se desgaja

Democracia a lo chacarero

Posición de abogados

Define el contrato por cinco años

En la mira están los pools de siembra

El campo era otra cosa

Que la soja no tape la realidad del campo

La palabra

Lágrimas de cocodrilo en el campo

La misma canción una y otra vez

 

La Sociedad Rural Argentina al país en el primer aniversario del gobierno de la dictadura

"En efecto debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializantes, que en definitiva ha demostrado su fracaso al empobrecernos a todos y al no haber dado los frutos que algunos sectores ansiosos, confundidos o equivocados, esperaban de su aplicación.

Este proceso requiere el apoyo y el sacrificio de todos los sectores, sacrificio que no solo deben hacer los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales y el reordenamiento de la burocracia.

La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos que en definitiva son los grandes objetivos nacionales."

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El odio de estos días

Por José Pablo Feinmann

Uno de los mails que recibí durante estos días me pareció no sólo doloroso, sino revelador de un estado de espíritu que atraviesa la derechizada sociedad argentina de estos días. Esta derechización no tiene nada de extraño pues el mundo ha girado a la derecha y en los países ricos surgen el fascismo, el neonazismo, la violencia contra el diferente, la incapacidad del diálogo, el desprecio de la democracia. Estuve –por cuestiones literarias– unos quince días en Europa y la xenofobia, el racismo y la violencia que conllevan son moneda de todos los días. Todos piden que se expulse a los inmigrantes, que no se los deje entrar. Se levantan muros legales o muros reales, como el que levanta Bush contra los mexicanos. El mundo está entre la derecha occidental y el irracionalismo extremo del islamismo. Entre tanto, habían surgido algunos gobiernos tenuemente populistas en América latina, a los que se toleró durante un breve tiempo y sobre los cuales las embestidas son cada vez más feroces. Se trataría de quebrar algunas opciones de esos gobiernos: reemplazar el Mercosur por el ALCA, abjurar de todo gesto de intervencionismo estatal, eliminar cualquier intento de redistribución de la riqueza, concentrar definitivamente los medios de comunicación en el sistema comunicacional que establece hegemónicamente Estados Unidos (con matices, pero sin diferencias notables), desterrar todo lo que apeste a populismo. Si esto se hará democráticamente o no es difícil decirlo. A Chávez, entre la oposición política, los medios de comunicación y el apoyo de Estados Unidos, estuvieron por voltearlo. Lo que se nota en la Argentina es un factor que acaso (porque así es este país) se manifieste con más potencia que en cualquier otra parte: el odio. Sencilla, simplemente, poderosamente el odio. Si alguien pudo pintar: “Cristina vas a morir como Evita”, todo es posible. Si a Cristina se le endilgan insultos del calibre más bajo, más obsceno y si, para peor, son las mujeres las que principalmente lo hacen, uno se pregunta: ¿qué pasa? Supongamos que el gobierno de Cristina Fernández no le cae bien a un sector de la población, pero: ¿es para tanto? ¿Es para injuriarlo más que a Menem, que a De la Rúa? Sabiendo (y aceptando en alguna medida) que a otros gobiernos, sobre todo al militar, no se les dijo nada de esto.

Tomo un ejemplo. El cantante Ignacio Copani escribió una canción. Yo no conozco a Copani. Pero ése no es un problema de él, acaso sea un problema mío. Escucho música clásica desde joven y no he logrado moverme de ahí. Hay quienes intentan hacerme “entrar” en el rock, pero no lo logran. Lo siento. La cuestión es que Copani compuso una canción que lleva un título traslúcido. Se llama: “Cacerola de teflón”. Debe tratarse de una crítica al sector social pro-agrario que se manifiesta en las calles con los utensilios que tiene en su cocina según su pertenencia en la escala social. Las cacerolas que tiene son de teflón. Copani canta su letra. Dice lo que tiene que decir y ahí empieza la invasión mediática. El “foro”, en Internet, tiene un anonimato que facilita la agresión y hasta el insulto más soez. Facilita la expresión del odio. De este modo, Copani dice que, a raíz de su canción, recibió algunos mensajes afectuosos. Pero: “Pero he recibido también otro tipo de contactos llenos de reproches, cargados de odio, regados de violencia, intolerancia, agresión y con un espíritu inquisidor que no creí que anidara todavía en gente de mi comunidad. He sido amenazado, agraviado, insultado, difamado, calumniado y, peor aún, han sufrido ese tipo de atropello miembros de mi familia. No me refiero a los impunes foros de Internet sino a e-mails, cartas y llamados recibidos”. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Esta es la ciudad de Buenos Aires? ¿Esta es la capital cultural de América latina? ¿De dónde salió esta tropa de asalto, organizada, feroz, violenta al extremo de estar a las puertas de la agresión física?

Sigue Copani: “Aquellos que piensan que la Sra. Presidenta de mi país me paga por verso, recital u opinión, simplemente están expresando su propia escala de valores y asumiendo que ellos mismos podrían torcer sus convicciones a un precio determinado. Yo no”. Este es otro toque infaltable de este periodismo del odio. Afirma: todo aquel que se manifieste a favor de este gobierno lo hace por interés. En cambio, si “el campo” llena la Plaza ahí está la patria, la tierra, los valores centenarios, la clase rural que hizo la grandeza de la patria. Si la llena el Gobierno son todos gronchos traídos en los camiones de Moyano, o bandoleros de D’Elía, o desdichados que están ahí por un choripán. Y esto lo dicen periodistas con una trayectoria. Que de pronto se han erizado también de odio. Algunos de ellos cambiarán milagrosamente no bien el Gobierno arregle con sus patrones, con los grupos económicos para los que trabajan. La conversión ideológica del periodismo en los últimos tiempos ha sido vertiginosa. Incluso conozco mucha gente que lo detecta. “¿Viste? Fulano ahora ya no está en contra de Cristina”. “Y claro: si la empresa para la que labura arregló con el Gobierno.” Hay, sin embargo, un ingrediente genuino en este periodismo que acaso ni puedan variar, aunque el grupo mediático para el que trabajan les dé la contraorden: su antiperonismo. El odio gorila pocas veces penetró tanto en nuestra sociedad. Y peor aún: el odio a la generación del ’70. Lo peor que se le puede decir a alguien es setentista. Y al matrimonio presidencial se les dice sin más “la pareja montonera”, cuando jamás estuvieron en esa organización y no se ha discutido aún con claridad los dislates o no que ha cometido en nuestro país. Dice, en fin, Copani: “Nunca discuto una crítica, sea como sea y venga de quien venga. Pero en este caso no recibí opiniones sobre la conformación estética del tema, de su métrica, de sus rimas, de sus sonidos, de la destreza para ejecutarla, sino una violenta y censuradora mirada hacia el contenido de mis ideas y mi conducta, bien típico de tiempos de inquisición y dictaduras”.

Voy a citar ahora otro mail. Es de Hernán Nemi, que tiene 36 años, es profesor de Literatura en la Universidad de Morón, da clases en varios colegios secundarios y tiene un par de obras escritas para Teatro por la Identidad. (Esto lo torna muy sospechoso para la Argentina del odio y sus voceros comunicacionales. Porque la cosa también tiene este costado de destrucción fundamental: “¡Basta con esa cuestión de los derechos humanos! ¡Basta de juzgar a militares! ¡Basta de exhibir a Hebe de Bonafini en cada acto! ¡Ni a la Carlotto nos bancamos ya! ¡Eso terminó, es el pasado, hay que archivarlo!” O si no: “¡Hay que juzgar a los guerrilleros! ¿O no quedó alguno vivo?”.) Suscribo todo lo que dice Nemi, de modo que citarlo es hablar y decir por su medio, que es impecable, y exhibe una prosa inusual: “Se critica a Cristina por autoritaria: ¿qué otro presidente hubiera soportado cien días con rutas cortadas, desabastecimiento y amenazas constantes sin disparar un solo tiro ni reprimir en ninguno de los cientos de cortes de caminos que hubo? Entre el 19 y 20 de diciembre de 2001 murieron 31 personas en la represión del gobierno de De la Rúa a las manifestaciones populares. El matrimonio ‘montonero’ tuvo la actitud más tolerante y democrática frente a las protestas de la ciudadanía que se recuerde en toda la historia argentina”. Aquí sólo podríamos pulir la frase “toda la historia argentina”. Hubo otros gobiernos con tolerancia de democrática. Es cierto que, en este caso, el llamado “campo” ha paralizado el país y su abastecimiento. Se trata, sin más, de un acto de subversión absoluto que deteriora por completo el funcionamiento del país. Y a los piqueteros se los quería colgar por cortar una calle.

Sigue Hernán Nemi: “¿Es éticamente correcto que la clase media y alta de Buenos Aires salgan a golpear cacerolas por las retenciones del campo cuando jamás las golpearon por las flacas jubilaciones que cobran nuestros viejos ni por los chicos que tienen hambre, ni por los sueldos docentes, ni por la carpa docente, ni por la privatización vergonzosa de nuestras empresas en los ’90?”. Y también: “¿Tiene autoridad moral la Sociedad Rural de pedir más institucionalidad cuando apoyó a cuanto gobierno de facto hubo en la Argentina? ¿Este campo hoy indignado es el mismo que aplaudió a Menem a lo largo de la década del 90? Sí, es el mismo”. Es siempre el mismo, Hernán: es el que recibió con atronadores aplausos a Juan Carlos Onganía cuando el dictador entró en el predio de la Sociedad Rural... ¡en carroza! El que abucheó a Alfonsín. El que respaldó a la patria financiera en el golpe de mercado. El que apoyó a Videla y negoció con Menem. Hoy, en esta Argentina del odio, es la clase heroica que representa los intereses de la patria. ¡Y con los periodistas progres a sus pies!

Y, por fin, escribe Hernán: “Quienes piensan –legítimamente– que los ruralistas tienen razón, ¿por qué lo expresan a través de mails o comentarios tan agresivos, tan cargados de odio, tan faltos de argumentos racionales?, ¿qué nos pasa a los argentinos (y argentinas) que nos cuesta tanto bancarnos a una mujer como presidenta? Muchos de los adjetivos de esos mails –muchos de ellos enviados por mujeres– muestran el peor machismo: se la llama a Cristina ‘puta’, ‘conchuda’, ‘turra’, ‘tilinga’... Y al mismo tiempo, los argumentos brillan por su ausencia”.

Es así, Hernán: pero eso de bancarse a una mujer como presidenta no nos pasa “a los argentinos”, sino a ciertos argentinos. Y si hiciera otra política le tirarían flores. No es que no se bancan a una mujer, no se bancan una política. El poder, en este país, es pragmático. Si hacés lo que yo te digo, lo que yo necesito, lo que llena mis arcas, estoy con vos y sos hermoso. No lo olviden: si el establishment argentino se bancó a Menem, se puede bancar a Drácula. Al sólo costo de que Drácula haga lo que ellos quieren.


“Cayeron las hipocresías: la Argentina es

racista, conservadora y muy impiadosa”

Por NICOLÁS CASULLO

SOCIÓLOGO

Con una enorme biblioteca de fondo y el escritorio tapado de libros, el prestigioso ensayista y sociólogo Nicolás Casullo subraya la idea de que a partir del conflicto del agro “reapareció la política” en las discusiones que se dan en la sociedad y que no hay posibilidad de consenso cuando existen dos posturas contrapuestas de país. Y explica que más allá de las retenciones, “empezó a discutirse la relación con el otro y las relaciones sociales” y “lo que uno es ideológicamente”.
–Pareciera que la clase política ha vuelto a discutir en términos de amigo-enemigo como en otras situaciones históricas, ¿cree que este modo de debatir también aparece en la sociedad?
–Todo el neoliberalismo y las variables que imperaron en los 80 y 90 fueron de una altísima hipocresía. La Argentina es racista, conservadora y muy impiadosa. Lo que ahora aparece es la caída de ciertas variables hipócritas y se va hacia conflictos más importantes y decisivos sobre qué país democráticamente se quiere. Y en esa confrontación se va perfilando lo que podríamos llamar un espacio de derecha, que puede transformarse en un partido de masas y que tiene sus fuerzas, sus intelectuales, sus ideólogos, sus medios de comunicación. Estamos viviendo una suerte de sinceramiento del país. Eso significa una confrontación en muchos campos, sobre todo de aquéllos que hablan de diálogo pero que en realidad están malversando la palabra porque para esos sectores de la derecha, consenso, diálogo, pacificación y unidad es que se haga lo que ellos quieren.
–Más allá de los sectores políticos organizados, también hay un pronunciamiento respecto del conflicto por parte del ciudadano común.
–Eso es importante y positivo. Pero el argentino siempre tomó posición. Ahora, cuando aparece el conflicto fuerte, en un subte, en una esquina o en una conversación con el portero se toma posición. Es indudable que en democracias acotadas por el modelo republicano institucionalista la política es vacía y está muerta. Hoy, reapareció la política.
–A partir del conflicto del campo, hay una sensación de irritabilidad en la calle que parece exceder la discusión por las retenciones, ¿a qué cree que responde ello?
–Este conflicto disparó confrontaciones de clase, raciales, de la memoria, y reapareció el peronismo y el gorilismo de una manera muy fuerte, definiendo a las personas en términos viscerales. Empezó a discutirse la relación con el otro y las relaciones sociales. Salvo cuando la discusión es muy específica, no se discuten las retenciones sino lo que uno es ideológicamente.
–¿Las viejas categorías como peronismo y gorilismo sirven para definirnos en el contexto político actual?
–Yo pensaba que “el peronista” y “el gorila” estaban en una suerte de extinción mucho mayor de lo que en realidad están. A su vez, reaparecen porque es una forma muy cultural y argentina de leernos socialmente, de leer valores, conductas y costumbres. Y si bien es una historia vieja, permite entender el país.
–¿Esta clase de polarizaciones es típica del “ser” argentino?
–Se da en otras sociedades, pero en la Argentina a partir de la gran crisis del 2001 está más a la orden del día. Hay una profunda ideología antipolítica que derraman los medios de masas. Desde esa perspectiva, el conflicto aparece mucho más agudo y radical.
–Con el conflicto del campo también han aparecido comentarios de lectores en los sitios web de los diarios con un alto grado de agresividad y es posible encontrar carteles en la vía pública con insultos al “otro”, ¿cómo debería leerse esto?
–El kirchnerimo tocó ciertos elementos que cayeron mal en un sector conservador de la sociedad. Tocó los 70, los derechos humanos, la no represión a la protesta popular y las variables de seguridad más cercanas a las posiciones a la centroizquierda. Por lo tanto, hay una reacción muy exagerada.
–¿Piensa que este tipo de reacciones de los ciudadanos son algo pasajero, propio de la coyuntura actual, o que en realidad son la punta del iceberg de otras disputas más profundas?
–Son parte de un debate más profundo que puede llegar a darse. Estamos en una coyuntura de metamorfosis y evidentemente los cacerolazos dan una idea de que hay un sector de la sociedad que quiere otra cosa. No hay que estigmatizar ni demonizar los cacerolazos, tampoco pensar ingenuamente que son producto de una espontaneidad absoluta.
–¿De qué modo los medios influyen en los debates que hay a nivel social?
–Los más concentrados, sobre todo de televisión y radio, han cumplido el papel de plantear la agenda de la derecha. Omiten lo que tienen que omitir y resaltan lo que pretenden resaltar. En ese sentido, han actuado como una suerte de neopartido de derecha. En un 90% hubo un bloque entre la protesta del agro y los medios diría que casi obsceno. Ahora aparecen pidiendo policías con estas cuatro o cinco carpas cuando estos mismos movileros y conductores se pasaron tres meses asistiendo a los cortes de ruta y nunca dijeron nada.

 

BRASIL: NUESTRA BATALLA SE

LIBRA EN ARGENTINA

Si Cristina ganara esta batalla, abrirá un camino para latinoamericanos y africanos.

Por Luiz Carlos Bresser-Pereira

Folha De S.Paulo, 16.6.2008

Bresser-Pereira: -Las retenciones móviles a las exportaciones existentes en la Argentina son el secreto que se esconde detrás del 8,8% de crecimiento entre 2003 y 2007.
El gobierno argentino está enfrentando hace tres meses una batalla decisiva no sólo para su propio desarrollo económico sino también para el de todos los países latinoamericanos que aún no comprenden que no neutralizar la enfermedad holandesa (revaluación súbita de la moneda nacional) es el más serio obstáculo económico que enfrenta. Las retenciones móviles a las exportaciones existentes en la Argentina son el secreto que se esconde detrás del 8,8% de crecimiento entre 2003 y 2007.  El esquema de retenciones doblemente variable -entre commodities y conforme a la variación del precio internacional del bien- traslada la curva de oferta de esos bienes hacia arriba en proporción a la gravedad de la revaluación súbita de la moneda nacional que ese bien causa. Se vuelve así no lucrativa la exportación del bien a una tasa de cambio menor, lo que impide del lado de la oferta, que esa tasa se aprecie.  Al impedir la sobrevaluación del peso, el gobierno argentino garantiza, por un lado, la ganancia de los agricultores y, por el otro, la demanda agregada para inversiones volcadas a la producción de bienes comercializables (que pueden ser exportados o importados) y así la economía crece aceleradamente. Los agricultores argentinos, victima de una ilusión, rechazan el aumento de la retención sobre la soja al 44% pensando que los que pagan son ellos. No es así.  A no ser que los cálculos del gobierno estén equivocados, eso es solo aparentemente cierto. Si el gobierno eliminase las retenciones de ese y el resto de los bienes que dan origen a la enfermedad holandesa, el mercado provocará la apreciación del tipo de cambio en la proporción exacta de la retención eliminada y el agricultor no ganará nada, lo que recibe quedará igual a lo que tenía con la retención. Ganarán en el corto plazo los consumidores argentinos, cuyos salarios reales crecerán, pero perderá toda la economía argentina, que volverá a crecer a tasas modestas y quedará a merced de una crisis de la balanza de pagos.  Y si el gobierno argentino hubiese creado un fondo de estabilización para los precios agrícolas con parte de los recursos de la retención, su eliminación o reducción causaría pérdidas a los propios agricultores que volverían, otra vez, a quedar sujetos a las variaciones de los precios internacionales de las commodities.  Entonces, lo racional, desde el punto de vista económico, era luchar por ese fondo de compensación (no por la reducción de la retención). Su lucha actual solo tendría sentido si todas las demás retenciones se mantuviesen y en consecuencia el tipo de cambio no se apreciase, pero, en ese caso, estaríamos frente a un caso clásico de oportunismo o de comportamiento “free rider”. Si el gobierno de Cristina Kirchner venciere en esta batalla, no solo estará defendiendo el interés nacional de la Argentina.  También estará abriendo un camino para que los países latinoamericanos y africanos comiencen a reconocer racionalmente la existencia de esa terrible falla del mercado (la enfermedad holandesa) y a neutralizarla.  Una falla que tiene consecuencias diferentes dependiendo de:  1.- Si el país todavía no se industrializó pero se darán las condiciones para eso una vez que neutralice la enfermedad (es el caso de los países productores de petróleo) 2.- Si el país ya se industrializó pero dejó de neutralizar la enfermedad (es el caso de Brasil y la Argentina) En el primer caso el país no se industrializa y en el segundo entra en proceso de desindustrialización.

LCB-O/* Traducción colectiva de los participantes de

homo-economicus.blogspot.com

Edición original en http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=2730

 

Argentina: la mirada mapuche sobre el

conflicto del "campo" que no es la tierra

Queremos manifestar nuestra mirada, nuestra postura a la sociedad toldense y tambien explicar a nuestros lagmen, hermanos/as que aun no se reconocen como mapuches, cuál es el pensamiento de nuestros Antiguos, cuál es nuestra creencia sobre la tierra- territorio.

Nosotros vivimos en este espacio territorial, como parte de todas las vidas que existen en este planeta. No ejercemos sobre ellas, sobre la tierra, el espacio azul, sobre las aguas, sobre los vientos, sobre el fuego, dominación. Convivimos en una relación de reciprocidad en igualdad en jerarquía de valor.

NO explotamos los recursos naturales, porque seria explotar a nuestra propia madre. La tierra y el territorio no es un bien de cambio ni de uso. De ella comemos, de ella nos curamos, de ellos vivimos.

Hace menos de 10 años nos estamos enfermando con el uso de glifosato, la tierra se está empobreciendo, lastimando, las especies medicinales han muerto, más de 150 especies de plantas medicinales han muerto por su uso. La diversidad biológica está en riesgo y así nuestra vida.

Nos manifestamos en contra de la lógica mezquina y avara de los chacareros y estancieros. No es justo que la sociedad argentina se vea privada de alimentos básicos, para que unos pocos se enriquezcan a costa de la vida de la tierra y de propia nuestra vida.

En Los Toldos, todos sabemos de qué modos estos chacareros y estancieros se han apropiado de nuestras tierras y nuestros campos.

Sabemos de las presiones que estos grupos han realizado sobre los peones de campo, sobre los trabajadores de los comercios, para ir a apoyar la chocolateada y el tractorazo, repudiamos toda forma de violencia simbólica sobre nuestros hermanos y sobre los toldenses.

Que nadie se haga el distraído, que el tiempo de la moreneidad aun tiene dignidad. Lucha por la cosecha de la verdad.

POR LA DEFENSA DE TODAS LAS VIDAS

NO A LA SOJA TRANSGENICA

Asoc. Mapuche EPU BAFKEH (epulafken)

Federación Agraria se desgaja

Pedro Cerviño era hasta la semana pasada el jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la entidad que encabeza Eduardo Buzzi. Es una figura emblemática del modelo de agricultura familiar, opuesto al monocultivo. Sus razones y quiénes lo siguen.

Por David Cufré

Hay momentos donde los objetivos ya no son los mismos”, se lamenta Pedro Cerviño, un “cuadro” histórico de la Federación Agraria que acaba de dejar su puesto como jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la entidad. “Fue de común acuerdo”, asegura el dirigente. Cerviño llevaba al seno de la cámara que conduce Eduardo Buzzi la voz de los pequeños campesinos que no participan de la fiesta de la soja, sino más bien la padecen. Productores de cinco, diez o veinte hectáreas que se dedican al cultivo de maíces, porotos, hortalizas, batata, calabaza y zapallo, entre otros, y a la cría de llamas, ovejas, cabras, chanchos, pollos y vacas lecheras. Su vida y su cultura se encuentran atadas a la producción de alimentos. Pero están en competencia directa con el modelo de agronegocios reinante, que los desplaza para ocupar sus tierras con soja. Las autoridades de Federación Agraria eligieron unirse a Sociedad Rural y dar la pelea por quienes están volcados de lleno al monocultivo. Eso les está provocando el desgajamiento de sus bases ligadas a la agricultura familiar y de figuras como Cerviño.

“La Mesa de Enlace no representa a los pequeños productores. Sólo atiende sus intereses”, sentenció Cerviño en diálogo con PáginaI12. “No puede representarnos porque defendemos modelos de desarrollo agropecuario distintos. No tenemos nada que ver con Sociedad Rural y Confederaciones Rurales”, insistió.

–¿Cómo quedó su relación con Federación Agraria?

–Nuestros objetivos ya no son los mismos. En el pasado hemos coincidido y otras veces disentimos. No voy a hablar mal de nadie. Cada uno debe actuar de la manera que lo crea mejor.

Cerviño comprobó la diferencia de estar de un lado o del otro. Fue el último martes en el Congreso. Diputados de Coalición Cívica, PRO y el radicalismo se sumaron al coro de productores sojeros que les gritaban a él y a otros representantes del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonas) para que se callaran y dejaran que las comisiones de Agricultura y Presupuesto se ocuparan sólo de la Resolución 125 de retenciones móviles. No tuvieron la oportunidad de exponer su problemática y sus reclamos al Gobierno como lo habían hecho un día antes –con un silencio reverencial de los diputados– los presidentes de las cuatro entidades ruralistas y Alfredo De Angeli.

Lo que tenían para decir, cuenta Cerviño, es que las retenciones móviles actúan como un freno a la sojización, sobre todo en las provincias del norte argentino y en regiones y campos donde sería más rentable social y económicamente volcarse a la producción de alimentos. Pero también que el incremento en los derechos de exportación a la soja no resuelve todo el problema ni mucho menos, sino que se requiere que el Estado lleve a la práctica una política muy activa de incentivo de otras producciones. “Es la forma de garantizar la soberanía alimentaria”, opina el dirigente, quien fue al Parlamento en su condición de coordinador nacional del Fonas. Esta entidad agrupa a unas 300 organizaciones de todo el país de “pequeños productores, minifundistas, chacareros, colonos, medieros y comunidades de pueblos originarios”, como ellos mismos se definen.

Entre ellas figuran el Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa), una de las líneas del Mocase (de Santiago del Estero), Cirujas (de La Matanza, en el conurbano bonaerense) y el MAN (Movimiento Agrario de Misiones). Esta última entidad es asociada a Federación Agraria y también se encuentra en conflicto con Buzzi y compañía. De Angeli los descalificó semanas atrás, cuando dijo que se oponían al lockout de las cuatro entidades porque el Gobierno les ofreció ayuda. “No sé qué les ofrecieron y se fueron con ellos”, atacó. “Un arrendatario de 650 hectáreas en Entre Ríos no es un pequeño productor”, le devolvió Benigno López, titular de Mocafor.

“Las retenciones móviles son necesarias para frenar el avance de la soja. No tiene sentido que se la siembre en provincias como Chaco, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, con bajísimos rindes. Y encima se quejan. En esa zona debería haber producción animal y alimentos para el consumo”, explicó Cerviño. Pero agregó que al mismo tiempo se requiere de una batería de incentivos públicos a la agricultura familiar. “Hacen falta políticas de infraestructura, de salud, de vivienda, de educación y de inversión para agregar valor”, detalló. Por ejemplo, dijo, habría que desarrollar una red de pequeños frigoríficos estatales para que los productores de llamas, cabras o corderos puedan faenarlos allí y no entregarlos a intermediarios a precios de remate.

“No queremos que los productores faenen en el fondo de su casa en condiciones antihigiénicas, sino que tengan un lugar adonde hacer chacinados, carne envasada y demás productos con valor agregado”, graficó Cerviño. “Necesitamos plantas de transformación para que el productor en lugar de vender aceitunas a granel comercialice aceite de oliva, o para transformar la harina en trigo, para disecar y empacar hortalizas. Plantas procesadoras para seleccionar y fraccionar. Todos estos procesos son indispensables para frenar el avance de la soja”, completó.

Cerviño no encontró espacio para seguir con esa prédica desde Federación Agraria. “Nosotros representamos el 70 por ciento de unidades agropecuarias del país, según datos del último Censo Nacional Agropecuario. La agricultura familiar maneja el 13,5 por ciento de toda la superficie cultivada de la Argentina, y genera el 20 por ciento del producto agrario. No se puede discutir que somos un sector más eficiente que el de agronegocios para la exportación de commodities”, desafió.

El dirigente reivindicó el trabajo de los últimos cuatro años. “El Fonas se fue organizando desde las sombras y ya logramos que la Secretaría de Agricultura nos reconozca como un espacio de diálogo y concertación de políticas, a través de una resolución de diciembre de 2005. También conseguimos que el Gobierno anunciara la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, para la que estamos pidiendo una asignación de recursos de 1500 a 2000 millones de pesos para encarar las inversiones que necesita la agricultura familiar. Y logramos la creación de un registro nacional de agricultores familiares que debería habilitar políticas diferenciadas para el sector”, puntualizó.

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Democracia a lo chacarero

El secretario de Agricultura tuvo que soportar durante media hora que su discurso ante los diputados fuera interrumpido a los gritos por un centenar de productores sojeros y frutihortícolas. “Tienen rentabilidad”, desafió.

“Sos un delincuente”, “mentiroso”, “andate ladrón”, “sos un caradura”, “así que somos rentables, quién sos vos, Mandrake”. Un centenar de productores agropecuarios, sojeros y frutihortícolas interrumpió a los gritos casi cada una de las expresiones del secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, quien durante media hora luchó para transmitir su pensamiento a los diputados de las comisiones de Agricultura y Presupuesto. Alberto Cantero, presidente de la primera, se tuvo que parar más de una vez y exigir, primero de buenos modos y luego amenazando con pasar a un cuarto intermedio, que hicieran silencio. “Lo que ustedes hacen no es democrático. Nos tenemos que escuchar todos, aunque no coincidamos”, reclamó. La oposición, que habilitó el ingreso de los productores, guardó silencio.

“Estoy indignado. A la Sociedad Rural la escuchamos con todo respeto. Lo que le hicieron a De Urquiza y el otro día a los pequeños productores familiares fue una muestra del peor autoritarismo”, bramó el diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria) luego de los discursos, dirigiendo sus reproches a algunos de sus pares de la oposición.

De Urquiza había arrancado su exposición planteando que para hablar de la actual situación del campo, primero era necesario recordar el punto de partida, en referencia a la aguda crisis que vivió el sector en los ’90, que llevó a la quiebra a miles de productores. Fue todo lo que alcanzó a decir. Ahí nomás empezaron los silbidos y los gritos, iguales a los de una cancha de fútbol. “Yo soy productor y recuerdo que de 1000 chacareros que éramos a principios de la década pasada en Santa Cruz, sólo quedamos 500. Y a ninguno se nos ocurrió cortar las rutas y perjudicar a otros argentinos”, atacó el funcionario, en medio de la rechifla. También dijo que pese a la suba de retenciones, pequeños, medianos y grandes productores conservan niveles de rentabilidad históricos.

“En los últimos 20 años, el rendimiento de todos los cultivos mejoró en el orden de un 27 por ciento. También hay que saber que a partir de la recuperación económica, más argentinos demandan alimentos”, dijo el secretario.

Las quejas y gritos arreciaron. “¡No, está mintiendo. Nadie quiere las compensaciones!”, le gritaban al funcionario. “Esta es la realidad tangible de nuestros números. Es nuestra responsabilidad realizar acuerdos sectoriales, que algunos pueden aceptar o no, con diferentes áreas de la producción”, siguió De Urquiza. Entre esos acuerdos, el funcionario mencionó el alcanzado con los frigoríficos, en el que se ampliaron los cupos de exportación a las 560.000 cabezas y el del trigo. “Hemos acordado con el sector para que los productores reciban el precio pleno del trigo. Esperamos que esto se pueda hacer cumplir pronto”, completó, y se fue como si abandonara la sede de la Sociedad Rural y no una oficina del Congreso.

 

Posición de abogados

Por Beinusz Szmukler Y Eduardo Tavani

Presidente Y Secretario General De La Asociación De Abogados De Buenos Aires.

El actual debate en torno de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, nos obliga a formular las siguientes precisiones:

1 Los artículos 4 y 75.1. de la Constitución, cuando se refieren a “derechos de importación y exportación”, involucran a los impuestos y tasas aduaneras, y deben ser establecidos por ley, conforme los arts. 4, 17, 52 y 75 incs. 1 y 2, de nuestra Ley Suprema. Si bien el legislador define la política legislativa, ello no obsta a que autorice al Poder Ejecutivo a completarla a través de reglamentos de integración o delegados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admite la legislación delegante, de mediar “una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución”.

2 La norma delegante que habilitó al Poder Ejecutivo a incrementar las retenciones, está presente en el art. 755 del Código Aduanero, que las admite para “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales, estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno”. Esa delegación legislativa tiene vigencia por las prórrogas sucesivas de la disposición transitoria 8ª de la Constitución Nacional.

3 El tope del 33 por ciento, establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, para la imposición a la renta, a las sucesiones, a los inmuebles rurales, no resulta aplicable en materia de impuestos indirectos y/o de aquellos que cumplen una función extrafiscal, de regulación económica y social, como es el caso de los impuestos aduaneros a la importación y exportación, o destinados según el alto tribunal al “desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas”. (“Fallos” 243:98). En materia aduanera, cabe recordar el precedente “Montarcé” (1974, “Fallos” 289:443), en el que estableció que no es aplicable el tope del 33 por ciento, cuando hay “razones que hacen a la promoción de los intereses económicos de la comunidad y su bienestar”. La función declarada de las retenciones móviles a las exportaciones es sustantivamente económica y social, debe dirigirse a desalentar el monocultivo como factor degradante de la tierra, recurso natural estratégico de la República, y a evitar la estampida de los precios internos de los bienes de consumo popular, desacoplándolos de los internacionales. El impuesto a los beneficios extraordinarios ha tenido pacífica acogida jurisprudencial y doctrinaria, con sustento en la cláusula constitucional de progreso económico con justicia social.

4 La constitucionalidad o no de la Resolución 125, modificada por la 141, y de la delegación legislativa dispuesta por el Código Aduanero, debe ser resuelta por el Poder Judicial, en cada caso concreto, tal como ya ha sucedido en primera instancia por decisión de la jueza Liliana Heiland, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 10, en la causa caratulada “Gallo Llorente, S.E. y otro c/EN-Mº Economía -Resol. 125/08 (dto. 2752/91) s/Amparo ley 16.986, Expte. Nº 8.324”, que se encuentra apelada por ante la Cámara del fuero.

5 La decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso Nacional un proyecto sobre la cuestión aparece como un plausible intento de desactivar la tensión imperante y una contribución al diálogo.

6 Con independencia de las opiniones que puedan merecernos la política gubernamental en general, y en especial respecto del manejo de este conflicto, denunciamos la ilegalidad que implica el ejercicio del “poder de policía”, y el de funciones policiales por parte de quienes, arrogándose potestades que no poseen, han ejercido inusitadamente el “control” del transporte de bienes, productos y personas, imposibilitando el traslado de productos alimenticios y de medicamentos destinados a abastecer a la población en general, así como también respecto de insumos indispensables para el normal funcionamiento del aparato productivo del país.

7 Si bien las medidas dispuestas por las entidades rurales exceden la definición del lockout es evidente que fueron dirigidas contra el Estado Nacional y con afectación directa al conjunto de la sociedad. Señalamos que no existe norma alguna ni aquí ni en terceros países que las reconozca como un derecho, y en muchos Estados es una práctica prohibida.

8 La metodología del reclamo sectorial tiene características desestabilizadoras. La apología efectuada, alentando un obrar fuera del estado de derecho, conlleva a una repudiable situación de gravedad institucional. Su objetivo prioritario es evitar que por medio de las retenciones móviles se establezca un límite a su tasa de ganancia.

9 Consideramos necesario que la decisión que adopte el Congreso Nacional sea respetada. En tanto, el Poder Ejecutivo debe aplicar la legislación vigente que asegure el abastecimiento a la población de los productos básicos destinados a su subsistencia, al igual que los que sean necesarios para la actividad productiva.

10 Estimamos, al mismo tiempo, impostergable la elaboración de un plan agropecuario nacional inclusivo, que discutido con todos los interesados, garantice los derechos de los trabajadores agrarios y de los productores nucleados en el Frente Nacional Campesino.

11 Propiciamos una política de desarrollo económico-social equitativa, que valiéndose de los ingresos provenientes de una reforma tributaria integral, modifique sustancialmente la distribución del ingreso para terminar con la pobreza y la marginación de millones de conciudadanos.

12 Calificamos como un crimen que haya millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza y que muchos aún padezcan hambre, cuando la producción de alimentos en la Argentina, supera en más de diez veces el número de sus habitantes.

 

LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO

Define el contrato por cinco años

Por Roberto Navarro

El proyecto del diputado Eduardo Macaluse, que tiene el apoyo de la Federación Agraria, contaría con el respaldo también del oficialismo en Diputados. Lo que sigue son los principales puntos de esa iniciativa:

- Los preceptos de esta ley son de orden público e irrenunciables sus beneficios.

- Cuando en los contratos no se estipule plazo o se estipule uno inferior a cinco años, el arrendatario tendrá derecho a considerarlo en iguales condiciones por dicho término, no obstante cualquier cláusula que se oponga o agrave las prestaciones a su cargo.

- Se declaran inembargables, inejecutables y no afectados al privilegio del concedente los muebles, ropas y útiles domésticos del concesionario; las maquinarias, enseres, elementos y animales de trabajo, rodados, semillas y otros bienes necesarios para la explotación del predio; los bienes para la subsistencia del concesionario y su familia durante el plazo de un año, incluidos semovientes y el producido de la explotación, dentro de los límites que reglamentariamente se fijen.

- Si el precio fuere fijado en especie, el arrendatario se liberará pagando su equivalente en dinero. Igualmente, el arrendador podrá exigir la conversión en dinero, comunicándolo al arrendatario. El precio será determinado aplicando la cotización del producto en el lugar de ubicación del predio al día del vencimiento.

- Prohíbese convenir como retribución, además de una suma determinada de dinero o una cantidad o porcentaje fijo de frutos en la distribución de los mismos, un adicional a abonarse en dinero o en especie de acuerdo con la cotización o la cantidad de frutos obtenidos, o en trabajos ajenos a la explotación del predio arrendado a efectuarse bajo la dependencia del arrendador por el arrendatario, aparcero y sus familias.

- Remisión del precio. Si se produjera la pérdida total o parcial de la cosecha debido a caso fortuito o fuerza mayor que implique riesgos no asegurables, el arrendatario tendrá derecho a la remisión proporcional del precio del arrendamiento, excepto si la pérdida resulta compensada con el producido de las cosechas precedentes.

- Serán considerados contratos promovidos los contratos de arrendamientos, aparcerías y mediarías que sean celebrados en carácter de arrendatario, aparcero tomador o mediero por el o los titulares de una micro o pequeña empresa agropecuaria, trátese de personas físicas o jurídicas.

- Para los arrendatarios y aparceros tomadores:

–Disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias provenientes del contrato promovido en un 33 por ciento;

–Devolución anticipada de IVA en ventas de productos provenientes del contrato promovido;

–Amortización acelerada de bienes adquiridos al efecto del cumplimiento del contrato promovido;

–Eximición del impuesto Nacional Ganancia Mínima Presunta.

- Para los arrendadores y aparceros dadores:

–Disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, en un 20 por ciento.

–Régimen de amortización acelerada en bienes de capital adquiridos por el aparcero dador para ser aportados en aparcerías;

–Régimen especial de devolución acelerada en el IVA sobre la venta de los productos provenientes de la participación del aparcero dador o renta del arrendador parciario o cuando haya sido fijada y recibida en especie.

 

AVANZA EN DIPUTADOS EL CONSENSO PARA MODIFICAR LA LEY DE ARRENDAMIENTOS. APOYO DE LA FAA Y CRITICAS DE LA CRA

En la mira están los pools de siembra

El bloque kircherista en Diputados apoyará, con algunos agregados, el proyecto de Eduardo Macaluse, que tiene el respaldo de la Federación Agraria. Los dueños de los campos que alquilan obtienen ganancias espectaculares. Límites a los pools.

Por Roberto Navarro

Como parte de la estrategia para que el Congreso apruebe el régimen de retenciones móviles en un marco de consenso, el Poder Ejecutivo ya tomó la decisión de avanzar en la reforma de la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales. La relevancia de esa iniciativa se encuentra en que el costo más importante para los productores agropecuarios es el del arrendamiento de la tierra. Y más del 50 por ciento de los campos cultivados del país son alquilados. Dos diputados del oficialismo presentaron proyectos de reforma a la ley vigente, que rige desde la primera presidencia de Juan Domingo Perón: Luis Ilarregui y Beatriz Rojkes de Alperovich. Ambos proponen extender el período mínimo del alquiler a cinco años. El socialista Lisandro Viale tiene otro con cambios más profundos. Eduardo Macaluse, del bloque Solidaridad e Igualdad (SI, ex ARI autónomo), presentó una nueva ley que desalienta la actuación de los pools de siembra a través del arrendamiento. Destacados integrantes del bloque kirchnerista señalaron a este diario que la idea es elaborar un proyecto de consenso entre los presentados, inclinándose por el de Macaluse (ver aparte). Luego del impresionante incremento del precio de la soja, los propietarios que alquilan sus tierras aumentaron su rentabilidad un promedio del 42 por ciento con respecto a octubre de 2007, cuando se sembró la oleaginosa. Según datos de la Compañía Argentina de Tierras, la inmobiliaria agropecuaria más grande del país, el alquiler del campo llega a ser, según las características de la explotación, hasta el 52 por ciento del costo total de producción.

El proyecto presentado por Macaluse se basa en las ideas de la Federación Agraria. “El propósito es incentivar a los propietarios a que alquilen sus tierras a los pequeños productores que están siendo expulsados del campo por los pools, que ofrecen mayores rentas y concentran cada vez más el negocio”, explicó el diputado a PáginaI12. Para estimular a que los arrendadores alquilen sus tierras a pequeños productores se proponen desgravaciones del Impuesto a las Ganancias y devoluciones de IVA para los contratos a pyme. Además, al extender el período de arrendamiento hasta cinco años se busca sacar del negocio a los grupos que no son del campo, sino oportunistas que aprovechan sólo las épocas de bonanza.

A pesar de la implementación de las nuevas retenciones móviles, los propietarios de tierras aumentaron fuertemente su rentabilidad en los últimos meses. Con datos de la página de Internet de la inmobiliaria del campo Compañía Argentina de Tierras, PáginaI12 comparó la situación de los arrendadores en octubre, cuando se sembró soja por última vez, con la actualidad, con las retenciones móviles funcionando. Por ejemplo, en un campo de 150 hectáreas en la zona núcleo, entre Córdoba y Santa Fe. En octubre se alquilaba a 322 dólares la hectárea; hoy el alquiler trepó a 452 dólares, un 40 por ciento más. Es decir que en seis meses pasó de cobrar por un campo de 150 hectáreas de 152 mil pesos a 214 mil pesos la campaña.

Aunque las cuatro entidades del campo se mantienen unidas en declaraciones públicas, el nuevo proyecto ya comienza a abrir grietas entre los líderes del campo: “Cualquier tipo de condicionamiento al derecho de propiedad va a resultar en una caída de la inversión primero y luego de la producción”, señaló a PáginaI12 Ricardo Buryaille, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Pablo Orsolini, vicepresidente de Federación Agraria, salió al cruce de su compañero en las rutas desde marzo de este año, al señalar que “lo dice porque desconoce los temas profundos del campo. Nosotros queremos una agricultura con agricultores. Esta ley nos librará de los pools, que no son más que financistas en busca de negocios de corto plazo”. Según datos de Márgenes Agropecuarios, la revista de referencia del sector, en el caso del campo citado en el párrafo anterior, en el momento de la siembra la rentabilidad del productor antes de pagar el alquiler era de 434 dólares. Al pagarle 322, le quedaron 112. En la actualidad, con la soja a 550 y las retenciones en el 46 por ciento, ese campo deja 681 dólares la hectárea. Pagando el alquiler actualizado de 452 dólares le quedan 229. Aunque en porcentaje el productor incrementó sus ganancias más que el rentista de la tierra, en ambos casos el propietario gana mucho más que el que trabaja.

En zonas como Chaco, Formosa o Santiago del Estero, regiones en las que hasta hace poco más de un lustro se podían comprar 100 hectáreas por 20 mil dólares, también el alquiler de un campo subió fuerte y llega a significar hasta el 52 por ciento del costo de un pequeño productor.

Según datos de la Compañía Argentina de Tierras, en octubre de 2007, un productor sojero pagó por adelantado por un campo de 150 hectáreas en Santiago del Estero un alquiler de 161 dólares la hectárea. Seis meses después, con el nuevo precio de la soja y el actual esquema de retenciones móviles, ese alquiler subió un 40 por ciento y ya se paga 226 dólares. Con lo que el propietario pasó de ganar 76 mil pesos la campaña a 107 mil pesos.

Funcionarios del Poder Ejecutivo señalaron a PáginaI12 que “el espíritu de las retenciones móviles es que el productor recupere algo de lo que le queda al rentista y así sucedió: los que trabajan la tierra aumentaron más sus ganancias que los rentistas, pero no fue suficiente porque volvieron a subir de manera desmedida los alquileres. Por eso una ley de arrendamiento completaría el nuevo marco”. Uno de los argumentos del Gobierno para sostener que el arancel de exportación de la soja debe ser el más alto es que el precio de esa oleaginosa es el que marca la renta del campo en el país. Como más de la mitad del área sembrada está ocupada con soja, el poroto en cuestión se convirtió en parámetro para discutir el precio de la tierra y su renta.

Aun con las retenciones móviles el negocio inmobiliario de los dueños de la tierra desde octubre, cuando se sembró soja por última vez, es espectacular. Con los datos de la Compañía Argentina de Tierras, se puede realizar el ejercicio de cuánto gana un inversor comprando la tierra, alquilándola una campaña y luego vendiéndola. En un campo de 2000 hectáreas en la zona núcleo, en octubre, ese negocio dejaba un total de 5,2 millones de pesos: 3,1 millones por la valorización de la tierra y 2,1 millones de arrendamiento. Seis meses después, en el momento de la cosecha, cuando la soja había aumentado un 100 por ciento y el Gobierno había implementado las retenciones móviles, el mismo cálculo arrojaba una ganancia de 15,2 millones de pesos, un 150 por ciento más. Ganancia extraordinaria, conseguida sin trabajar, gracias al aumento del precio de la oleaginosa.

 

MOVIMIENTOS CAMPESINOS Y AGRICULTORES INDIGENAS EN EL CONGRESO

El campo era otra cosa

La realidad “que no se muestra por televisión”, como la definieron, se hizo oír en Diputados. Organizaciones campesinas, indígenas y agricultores familiares se pronunciaron a favor de las retenciones.

Por Sebastián Premici

“Venimos a ocupar el espacio que nos corresponde como productores de este país. Hay una realidad del campo que se muestra por televisión y otra que no. Somos la quinta voz del campo y queremos ser parte del desarrollo productivo del país”, expresó Rigoberto Lagos, un campesino del Alto Valle de Río Negro, que estuvo acompañado en el plenario de las comisiones de Agricultura y Presupuesto de Diputados por integrantes de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, pequeños productores y agricultores familiares. En representación de la Mesa Nacional de Pequeños Productores (proyecto que está en proceso de formación) habló Osvaldo Lovey, de las Ligas Agrarias del Chaco, mencionado en su momento como posible titular de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, creada en marzo de este año.

“Apoyamos la política de recuperación económica del gobierno nacional. Apoyamos el esquema de retenciones móviles pero con reintegros. Es fundamental el involucramiento del Estado frente a una actividad donde se da una alta concentración”, manifestó Lovey frente a los legisladores, que a diferencia de lo ocurrido el martes, esta vez escucharon con atención a los campesinos. No ocurrió lo mismo con los productores presentes, muchos de los cuales prefirieron no escuchar las palabras de agricultores familiares. Será porque hablaron a favor de las políticas nacionales o porque criticaron el modelo expansivo de la soja, oleaginosa que está en el centro de la discusión. “Nada que sale de la soja queda en nuestro pueblos”, describió a PáginaI12 Beatriz Centeno, una campesina jujeña que, luego de haber hablado ante la comisión, recibió un llamado desde Jujuy. Entre llantos, pudo decir a su interlocutor: “Hay mucho todavía por hacer, no tenemos que aflojar”.

–¿Por qué cree que recién ahora los están escuchando? –le preguntó este diario a Centeno.

–Había muchos reclamos, pero estaban dispersos. Ahora queremos que la unión sea la fuerza. Jujuy vive a la sombra de Salta y Bolivia, queremos ser escuchados. Acá (por la ciudad de Buenos Aires) es donde se define todo. Si necesitamos volver, lo haremos –respondió la campesina.

Si en la Cámara de Diputados existiese un aplausómetro, las diferencias quedarían a la luz. Cada vez que un diputado de la oposición, un empresario o un productor dicen algo relacionado con la Resolución 125, la sala se unifica en aplausos (salvo del lado del oficialismo). En cambio, cuando los pequeños campesinos, que recién ahora son reconocidos como un actor dentro de este conflicto, exponen su posición, los aplausos son mudos. “Cuando no haya más animales, ni peces, el hombre comprenderá que no puede comer dinero”, concluyó Centeno durante su presentación, citando un párrafo de El Principito.

 

Que la soja no tape la realidad del campo

En la misma región donde De Angeli saltó a la fama defendiendo la renta sojera, un grupo de productores busca organizarse para hacer oír su problemática, muy distinta a la que expresan Sociedad Rural y compañía. “En los ’90 nos echaban de las rutas.”

Por Cristian Carrillo

En plena confrontación entre un sector del campo y el Gobierno por las retenciones móviles, un grupo de productores disidentes busca diferenciar su reclamo de las cuatro entidades ruralistas. Son pequeños latifundistas que pretenden asociarse y dar forma a una “quinta entidad” que los represente, como alguna vez lo hizo la Federación Agraria antes de unirse a un reclamo ajeno, como el de la Sociedad Rural o Confederaciones Rurales. Con sus chacras rodeadas por amplias extensiones con soja, productores de zonas clave donde se exteriorizó con más intensidad el conflicto rechazan la metodología de la protesta que impulsó la Mesa de Enlace y quieren que la agenda agropecuaria sea más amplia que las retenciones. El sábado último se reunieron en la Casa de la Cultura de La Paz y participaron allí centenares de productores y delegados de los municipios Ombú y San Pedro, junto con representantes del departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Entre Ríos. Apuestan a construir una alternativa a la dirigencia tradicional del sector agropecuario

Héctor Ramón Mendieta es minifundista de La Paz y encabeza este movimiento. En diálogo con PáginaI12 aseguró que en los ’90 no tuvieron la oportunidad de organizarse, pero que la posición de las cuatro entidades en “defensa de la renta sojera” les da una nueva chance. Dueño de 70 hectáreas que heredó de su suegro, nativo del lugar, encabeza lo que él define como una “patriada”, que comienza a nivel provincial y reproduce experiencias similares del resto del país. Más de 300 entidades de pequeños productores ya están asociadas en el Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonas). Mendieta reconoce el apoyo de productores que estuvieron en la Federación Agraria Argentina. Incluso recuerda a un Eduardo Buzzi comprometido en los cortes de rutas de los pequeños productores. “Era la década del ’90 y recibimos los coletazos de la corriente del Niño. A mí se me volaron las chapas de la casa y salimos a pedir un subsidio. Pero lo que no me voy a olvidar era a los grandes productores que nos gritaban: ‘haraganes, ¡aléjense de las rutas y vayan a laburar!’”, recuerda.

Ahora asegura que, al conformarse la nueva entidad, se presentó como pequeño productor para colaborar y nunca fue citado por la conducción de la FAA. “¿Será porque a este nivel no es la misma que la del Grito de Alcorta y del pensamiento progresista, sino que quedó atrapada por ideas conservadoras?”, se preguntó. Mendieta insiste en que “el campo no son las cuatro entidades”, para precisar que “el pequeño productor y minifundista no está representado por ellos ni por el modelo agropecuario implementado durante la década pasada”.

Las localidades entrerrianas de La Paz, Federal y Feliciano son las últimas reservas de monte nativo de la región. Mendieta explica que el monocultivo de soja redujo a un 5 por ciento esa área inexplorada. Hasta que se impuso la “moda” de la soja transgénica y la siembra directa a través de un paquete tecnológico que se importó de los Estados Unidos, se obtenían unos 2000 kilos por hectárea, pero la tierra no era agredida y no había una ruptura del ecosistema. “Con la implementación del nuevo sistema se produce un quiebre total; hay contaminación agraria y casos de cáncer entre la gente que trabaja en las fumigaciones de los campos”, indicó a PáginaI12 el productor.

Mendieta relata uno de los casos. Un pequeño productor que trabajaba para la cerealera Sembro Oeste –de quien por razones obvias prefiere no dar su nombre– es diagnosticado con cáncer prostático. “Es una persona de la zona que trabajaba para mi socio”, señaló. Un especialista de la localidad de Cerrito hizo un estudio de la región sobre casos de cáncer por contaminación agroquímica, exfoliantes e insecticidas. En todos, muestra una alta correlatividad entre causa y efecto. El caso de este hombre se suma al de Marta Cian Marta, de Libaros, un pueblo de 220 habitantes rodeado de cultivos de soja. Hace más de cuatro años comenzó a sufrir malestares. Los doctores le preguntaron si había manipulado algún veneno, ya que tenía signos de intoxicación. Nunca pudo obtener un certificado real sobre su problema ni revertir la situación en su pueblo para frenar las fumigaciones con agrotóxicos. “A los que fumigan no les dan mayor vestimenta que pantalones cortos y alpargatas para estar metidos en la cosecha. No hay cuidado de los grandes productores, a los que nunca les interesó el negro”, definió con crudeza Mendieta, orgulloso de pertenecer al grupo de las manos en la tierra.

El avance de la soja lleva entonces a que mucha gente deba irse de sus hogares, no sólo por no tener lugar para sus cultivos sino además para evitar ser intoxicados por los aviones que fumigan, incluso, sobre las casas en los alrededores. En tanto, los trabajadores reciben entre 500 y 1000 pesos por su labor. Sólo aquellos que tienen la suerte de estar “en blanco”, el resto lo hace por la comida y alguna mercadería que le dé el patrón de la estancia. “El otro día, en una reunión que hubo acá en el municipio, a los integrantes de las grandes entidades les pregunté si estaban dispuestos a pagar los sueldos a niveles internacionales si se globalizaban los precios de los granos, como se hace en todo el mundo con sus peones; siguen sin contestarme absolutamente nada”, comentó con ironía Mendieta.

Sostiene que en ese esquema aparece la discusión de la retenciones a la exportación de granos y la pelea por la renta sojera, mientras se deja de lado la necesidad de cambiar el modelo agropecuario actual. Los pequeños chacareros no entienden por qué no se habla de estos problemas, dado que pronostican que con el actual modelo en 20 años las tierras “no van a servir para nada”. El tema del precio de los alimentos es también un punto sobre el que hacen foco a la hora de justificar la implementación de algún tipo de retenciones. “Si tuviésemos precios internacionales de los granos, los precios internos también tendrían que estar globalizados”, coinciden. Pone como ejemplo que un litro de aceite de girasol valdría 40 o 50 pesos, un kilo de pan 15 pesos y la carne a 100 pesos; mientras que los costos internos no son los mismos que en el resto del mundo.

En Entre Ríos, los pequeños productores tuvieron que salir en defensa del Municipio de La Paz que fue “asaltado tres veces por los grandes productores para que el intendente defina su posición a favor del campo grande. No nos sentimos representados por gente que te ofrece alquilar la tierra por diez o doce quintales. Te ofrecen no laburar. Ese no es el modelo que planteamos para país”, definió Mendieta.

“¿Por qué no te dejás de joder, alquilanos la tierra y te vas a vivir al pueblo con todas la comodidades, te comprás tu buena camioneta y vivís con los 60 o 70 mil pesos al año que te damos? ¡Mirá que es buena plata!” Así de directo y sintético transmite que es el argumento que los grandes productores e inversores financieros esgrimen a la hora de convencer a los minifundistas para que les alquilen sus tierras. No escatiman en la oferta y, en muchos casos, tientan a los dueños de las chacras con el pago por adelantado, una costumbre poco usual en la actividad rural. Sin embargo, un grupo de productores de Entre Ríos que están lejos de los intereses expresados por la Mesa de Enlace y mucho más de las posiciones del mediático Alfredo De Angeli no piden grandes inversiones; con 100 mil pesos para comprar maquinaria usada (tractores y trilladoras que descartan los grandes) prometen obtener la misma rentabilidad que les ofrecen las corporaciones, pero, sobre todo, trabajando.

 

La palabra

Por Alfredo Zaiat

De todos modos, en el actual contexto político vale la pena determinar el alcance y la importancia de los Derechos de Exportación, que es la definición técnica de lo que vulgarmente se denomina retenciones.

Resulta relevante precisar la palabra sobre el tema en cuestión porque hace al contenido de la discusión y para que adquiera legitimidad propia: no existe retención alguna a ningún agente económico como daría a entender ese concepto, sino que se trata de Derechos de Exportación que cobra la Aduana al exportador.

Este compra los cereales y oleaginosas a los productores al precio FOB descontada la alícuota correspondiente.

Esa carga arancelaria constituye un factor de redistribución de ingresos, pero se ha abusado de esa idea al ponerla como un eje político central.

Si bien es una medida importante tras ese objetivo, no es la única.

Los Derechos de Exportación son relevantes por elementos que son más complejos que la sola apropiación de recursos de un sector privilegiado para reorientarlos a cubrir necesidades de postergados o, incluso, para pagar con alivio los compromisos de la deuda externa.

En concreto, los Derechos de Exportación son una necesaria herramienta de política económica en un modelo de dólar alto y precios internacionales de las materias primas agropecuarias en alza por las siguientes razones:

1  Intenta separar el comportamiento del precio internacional de la evolución de los precios domésticos de los alimentos de la canasta básica de los hogares.

Es un efecto sencillo de comprender: si al productor y exportador le conviene vender al exterior porque los precios son altísimos, va a querer también vender su producción en el mercado interno a esos valores.

Entonces, la intervención del Estado a través de los Derechos de Exportación busca amortiguar ese impacto al disminuir el ingreso neto de los envíos al exterior. Esto no significa que los precios de los alimentos dejarán de subir en el mercado doméstico, sino que subirán menos de lo que ya lo hacen.

2 Al definir que los Derechos de Exportación son móviles brinda previsibilidad de precios a los productores.

Además, al definirse con alícuotas diferentes se apunta tendencialmente, o sea como una potente señal de política pública para el mediano plazo, a privilegiar otros cultivos frente al avance arrollador de la soja. De esa forma se comienza tímidamente a plantear la importancia de evitar el monocultivo, que la historia mundial enseña que provoca devastadores impactos sociales, políticos, económicos y de medio ambiente.

3 También al establecer la movilidad y alícuotas diferentes se intenta intervenir en el esquema de rentabilidades relativas para alentar la producción de otros cultivos que no sea la soja y, fundamentalmente, para que no se abandone la de alimentos clave, como la leche y la carne.

Por ese motivo, además de los Derechos de Exportación, se requiere una política específica para la lechería y la ganadería, no porque pierdan plata, sino porque con la soja se gana mucho más. Al margen, los reintegros a los pequeños productores son innecesarios porque el resultado es mantenerlos en la opción de la soja, cuando lo que se necesita es el fomento de otras producciones. Además, la clave de la vinculación del Estado con el pequeño productor pasa por otro lado, como la de facilitar el acceso a la tierra, dar previsibilidad en el arrendamiento y garantizarles precios justos en insumos y en la comercialización de su producción.

4 Los Derechos de Exportación permiten también capturar una renta extraordinaria; no una ganancia extraordinaria. No es porque el campo gana mucho entonces se le debe cobrar más.

La economía agraria se distingue de la economía general en la especificidad de la producción agropecuaria.

Esta, a diferencia de la producción industrial, reconoce la particularidad de la tierra como factor de producción.

La tierra, medio fundamental en el que se apoya la actividad primaria, tiene características propias que lo hacen diferente a los otros factores de producción (trabajo y capital), a saber: no es producida por el trabajo humano, no es reproducible, es limitada en cantidad y es de calidad heterogénea.

La renta agraria, entonces, no se origina en la apropiación por el empresario del plusvalor generado por el trabajador asalariado.

Se trata de una ganancia extraordinaria de la que se apropian los rentistas (dueños de los campos, pero también el resto de los eslabones que distribuyen y comercializan la producción), originada en ventajas naturales (fertilidad del suelo y clima).

Argentina, por obra y gracia de la “pampa pródiga”, tiene una renta agraria diferencial a escala internacional. Como la renta de la tierra es una ganancia extraordinaria, y la tierra es considerada un patrimonio social (por las ventajas naturales), el Estado tiene la facultad de regular la forma en que dicha renta agraria a escala internacional se distribuye al interior de la sociedad.

5 La intervención del Estado vía Derechos de Exportación a la producción agropecuaria forma parte también de una política de desarrollo.

Con un dólar alto y un contexto internacional favorable, esa carga arancelaria a los despachos externos de producción primaria genera la existencia de tipos de cambio diferencial que alientan un proceso de industrialización.

Existen varias experiencias exitosas en el mundo en ese sentido. El tipo de cambio diferencial otorga competitividad a la industria para que pueda exportar y, de ese modo, se genera una economía que transita hacia el pleno empleo.

Además de brindar las condiciones para construir una economía que pueda desplegar el potencial productivo de todos sus sectores y regiones.

En cambio, un dólar bajo y sin retenciones es el modelo agroexportador para unos pocos que deriva en un proceso de desindustrialización y exclusión social.

6 Otro elemento importante es el fiscal. Los Derechos de Exportación permiten acercar recursos al Tesoro nacional.

Se recauda sobre un sector que no registra niveles de cumplimiento para el elogio, como lo demuestran las denuncias de los organismos de fiscalización tributaria a nivel nacional (AFIP) y de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

La base imponible es sobre rentas extraordinarias, como ya se mencionó. O sea, es una fuente de recursos más equitativa que conseguir fondos con el tradicional ajuste fiscal que recomiendan los ortodoxos.

Ahora bien, se han puntualizado seis factores relevantes para comprender la importancia de los Derechos de Exportación. Pero, a la vez, vale destacar que esa herramienta de política económica no constituye de por sí una política agropecuaria ni da respuesta a las deficiencias de la gestión política en la vinculación con los diferentes actores del complejo mundo del campo.

La palabra deslegitimada, los excesos y carencias de unos y otros terminan ocultando y confundiendo.

No se incendia el país por esa medida que impulsa el Gobierno ni los productores que protestan están al borde de la quiebra, como escuchan en silencio sus ocasionales interlocutores.

Se trata de pensar para qué sirven los Derechos de Exportación como una herramienta de política económica y a partir de ese criterio básico pensar qué proyecto de país se quiere construir.

 

DESCONTADAS LAS RETENCIONES, EL PRODUCTOR RECIBE POR LA SOJA MAS QUE EN DICIEMBRE
Lágrimas de cocodrilo en el campo

Los empresarios dicen que su rentabilidad está en riesgo, pero el precio de los granos y de los campos lo desmienten. El debate parlamentario es una buena excusa para repasar esas cifras que durante el conflicto siguieron mejorando.

Por Fernando Krakowiak

Dicen que su rentabilidad está en riesgo y lo repiten cada vez que tienen la oportunidad.

Su discurso apunta a reforzar el imaginario del chacarero que trabaja de sol a sol para ganarse el pan con el sudor de su frente.

Por eso se comparan con los campesinos que protagonizaron el Grito de Alcorta, a principios del siglo XX, y cada vez que realizan una manifestación sacan a relucir los tractores viejos que adornan sus chacras.

Sin embargo, los empresarios que durante los últimos tres meses cortaron rutas no defienden su supervivencia como actor económico sino una renta extraordinaria que queda en evidencia en la cotización record de los granos y el espectacular precio de sus campos.

El debate parlamentario sobre las retenciones es una buena excusa para repasar esos números que siguieron mejorando durante el conflicto.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, el viernes pasado la tonelada de soja, una vez descontadas las retenciones y los gastos de exportación, cotizó en los puertos argentinos a 972 pesos.

El 28 de diciembre, en cambio, el precio era de 926 pesos. Eso significa que, pese al aumento de las retenciones, el productor recibe hoy un 5 por ciento más que a fin de año.

Si se compara con principios de octubre, cuando los empresarios tomaron la decisión de invertir en la nueva campaña, la suba es del 16 por ciento (de 837 a 972 pesos).

En el caso del girasol, la situación es similar: en diciembre del año pasado, el precio de la tonelada, una vez descontadas las retenciones, era de 1142 pesos y el viernes cerró a 1252 pesos (9,6 por ciento).

Como las estadísticas dejan en evidencia que, pese al aumento de las retenciones, los ingresos del complejo agroindustrial siguieron mejorando, las entidades que representan a los productores dicen que el problema es la suba de los costos (semillas, fertilizantes, etc.), los cuales supuestamente horadaron la rentabilidad del sector.

Sin embargo, según cifras de la Compañía Argentina de Tierras, la inmobiliaria más grande del país dedicada al sector agropecuario, el valor de los campos siguió subiendo en los primeros cinco meses del año.

Ese dato contradice el argumento de los dirigentes del agro, pues si el precio de la tierra aumentó es porque la demanda creció y si la demanda creció es porque la rentabilidad actual y la proyectada son muy tentadoras.

Lo que sigue es un detalle de cuánto valen los campos en la provincia de Buenos Aires, información disponible en la página web www.cdaetierras.com.ar

- En la zona tradicionalmente maicera de Pergamino, Rojas y Salto la hectárea se vende actualmente, en pleno conflicto por las retenciones, a la friolera de 11.000 dólares, un 10 por ciento más que en diciembre de 2007, un 100 por ciento más que el promedio de los últimos diez años y un 340 por ciento más que el piso registrado en junio de 2002.

- En los campos trigueros de Tres Arroyos, San Cayetano y Necochea la hectárea cotiza a 5000 dólares, un 11 por ciento más que a fines del año pasado, un 150 por ciento más que el promedio de los diez últimos años y un 525 por ciento más que en junio de 2002.

- En los campos mixtos de Bragado, 9 de Julio, Viamonte, Lincoln, la hectárea trepó a 7500 dólares, 7 por ciento más que en diciembre, 135 por ciento más que el promedio de la última década y 400 por ciento más que en junio de 2002.

El boom también abarca a zonas ganaderas que, según las entidades rurales, están siendo “castigadas” por la política oficial:

- El valor de la tierra en Tapalqué, Rauch, Maipú y Dolores, localidades tradicionalmente dedicadas a la cría de ganado, llega a 1900 dólares por hectárea, 11,8 por ciento más que en diciembre de 2007, 138 por ciento más que el promedio de los últimos diez años y 533 por ciento más que en junio de 2002, cuando la hectárea se conseguía a 300 dólares.

- En la zona de invernada de Trenque Lauquen, Villegas y Rivadavia la hectárea cuesta 6000 dólares, 15 por ciento más que en diciembre, 150 por ciento más que el promedio registrado desde junio de 1998 y 500 por ciento más que en junio de 2002.

Los números son contundentes y demuestran que la actividad agropecuaria no sólo es un buen negocio para los pools de siembra, pues un pequeño productor que posee, por ejemplo, 150 hectáreas en Pergamino está parado sobre un capital de 1.650.000 dólares y esa cotización sólo es posible de explicar por los negocios que esa tierra genera.

Cuando los medios de comunicación difunden estas cifras, lo cual no sucede muy seguido, para beneplácito de los empresarios, las entidades del agro remarcan que las tierras de la provincia de Buenos Aires tienen una calidad superior a las del resto del país.

Sin embargo, el rendimiento por hectárea no muestra grandes diferencias por región.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, en la campaña 2005/2006 el rinde promedio de quienes produjeron soja en Buenos Aires fue de 2,87 toneladas por hectárea, mientras que, por ejemplo, en el departamento salteño de General San Martín fue de 2,75, en la localidad santiagueña de Alberdi fue de 2,3 y en la entrerriana Gualeguaychú fue de 2,35 toneladas por hectárea.

En esas zonas marginales los que están en una situación económica delicada no son justamente quienes plantan soja y cortan rutas sino los pequeños campesinos que fueron desplazados por los sojeros.

Durante las últimas semanas, algunos analistas plantearon, por ingenuidad o conveniencia, que la disputa que está llevando adelante el Gobierno no se justifica si se toma en cuenta que con este aumento de las retenciones “apenas” tenían previsto recaudar 1500 millones de dólares adicionales.

Sin embargo, lo que está en juego no sólo es la renta extraordinaria de este año sino la que se espera para las próximas cosechas.

La demanda creciente de granos para alimentos y combustibles, potenciada por la especulación financiera global, hace prever un escenario de expansión sólo comparable con lo ocurrido entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

De hecho, en marzo parecía ciencia ficción que la tonelada de soja llegara a cotizar a 600 dólares en el mercado internacional y ahora está a punto de alcanzar esa marca.

Esta semana los diputados no van a discutir el futuro de los pequeños y medianos agricultores, por los cuales ahora todos parecen preocuparse, sino el derecho del Estado para apropiarse de esa renta extraordinaria en nombre del conjunto de la sociedad.

 

La misma canción una y otra vez

Por Fernando Krakowiak

- “Nos destruyeron la poca rentabilidad que íbamos a tener y le hicieron creer a la gente que somos los favorecidos.” (Alfredo De Angeli, presidente de Federación Agraria de Entre Ríos)

- “Asistimos a una política que cancela las posibilidades de un vigoroso despegue productivo.” (Enrique Mantilla, titular de la Cámara de Exportadores)

- “Nuestros dirigentes han errado en el diagnóstico y carecen de una estrategia definida para transformar esta crisis en una oportunidad. Las retenciones a las exportaciones son el más dramático testimonio en esa dirección.” (Gustavo Grobocopatel, titular de Los Grobo)

- “No habrá reactivación mientras sean los proveedores de insumos y los exportadores los principales beneficiados del proceso productivo.” (Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria)

- “Con otro aumento de las retenciones, el interior quedará fuera de la cancha.” (Luciano Miguens, Sociedad Rural)

- “Las retenciones representan una real confiscación y una causa de desaliento que pone en peligro la rentabilidad de las explotaciones.” (Guillermo Alchouron, ex titular de la Sociedad Rural)

- “Esta campaña se reducirá por los menos 20 millones de toneladas respecto de la anterior.” (Enrique Crotto, ex titular de la Sociedad Rural)

Estas frases podrían haber sido pronunciadas en respuesta a la última suba de las retenciones, de hecho parecen calcadas a lo que se les escuchó decir a los empresarios sojeros durante los más de cien días de conflicto.

Sin embargo, las quejas y pronósticos apocalípticos que figuran más arriba fueron publicadas en Clarín y La Nación entre marzo y mayo de 2002, luego de que el entonces presidente Eduardo Duhalde decidiera poner una retención a la exportación de granos de 10 por ciento y luego elevarla a 20 por ciento.

Por si algún desprevenido no lo sabe, los presagios no se cumplieron. Los empresarios del agro ganaron fortunas desde entonces.