Notas para seguir aclarando el lockout agropecuario

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Archivos - Año 2008

Les acercamos distintas notas para seguir aclarando el lockout agropecuario

Los peones, “de sol a sol”

En negro y como esclavos

Lo que dejaron los piquetes rurales

Los “escraches” durante el lockout. “Fraternales y democráticos”

"Sin las retenciones seríamos jeques árabes"

Los dueños del negocio

 

Comunicado de prensa de la C.G.T.

Los peones, “de sol a sol”

Ni jornada de ocho horas, ni extra por terminar la escuela, ni ropa de trabajo. A la hora de negarse a mejorar los términos de contrato del peón rural, las organizaciones “del campo” siempre estuvieron de acuerdo.

Por Andrés Osojnik

Las cuatro votaron contra la jornada laboral de ocho horas y a favor del trabajo “de sol a sol”. Las cuatro rechazaron otorgar un premio estímulo para que los trabajadores terminen la escuela. Las cuatro se opusieron a la entrega de ropa de trabajo para los peones. Las cuatro son las “entidades del campo”, aliadas ahora en la Mesa de Enlace contra las retenciones móviles y que llevan años de coincidencias a la hora de discutir las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Así lo evidencia una recopilación de resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, el ente que regula el trabajo en el campo y que integran empleados, empresarios y el Estado, en las que figura la oposición sistemática de las cuatro cámaras rurales a distintos avances en materia de derechos laborales. En los documentos, las cuatro apoyan en conjunto mantener las pautas del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 con las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.

Soja sí, libros no. Así podría interpretarse el voto de los empresarios del agro en contra de la resolución 62/2007 de la Comisión, que establece un premio por título, de carácter remunerativo “para todos los trabajadores permanentes que se desempeñen en explotaciones agrarias de manera continua o transitoria”. La norma fue firmada el 31 de octubre del año pasado para que rija en la provincia de Santiago del Estero.
Entre los considerandos de la resolución consta que “luego de un amplio debate y analizado el antecedente respectivo, con el voto negativo de las entidades empresarias Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina y con la sola abstención del representante del Ministerio de Economía y Producción, debe procederse a su aprobación”.
Lo aprobado establece un plus de 38 pesos mensuales para quienes tengan terminada la primaria, y de 46 pesos para los que tengan aprobada la secundaria. El “premio” que rechazaban las entidades implica un estímulo para que los trabajadores terminen su escolarización.
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) es un ente autárquico, autónomo y tripartito conformado en el ámbito del Ministerio de Trabajo por representantes gremiales, de las empresas y el Estado, a través de la propia cartera de Trabajo, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura. Tiene facultad normativa, es decir, que sus resoluciones son de aplicación obligatoria en el ámbito del trabajo rural. Y son publicadas en el Boletín Oficial. Los miembros discuten los distintos proyectos y luego los someten a votación. En el caso de las resoluciones que resultan aprobadas, el texto incluye los votos negativos, si los hubiera. De allí que en numerosas ocasiones aparece la mención a las cuatro entidades que ahora conforman la Mesa de Enlace. Obviamente, los trabajadores que quedan beneficiados por esas resoluciones son los que figuran en blanco. Una minoría en el campo argentino: apenas un cuarto del total.
Una perla es la resolución 3/2007, que adopta medidas “en relación con la provisión de ropa de trabajo para el personal”. Esta norma fue aprobada el 21 de marzo de 2007 para las provincias de Chaco y Formosa. Establece como obligatoria la provisión de dos equipos de trabajo por año para los trabajadores con más de tres años de antigüedad:
- A todo el personal permanente que se desempeña en explotaciones agrarias de manera continua o transitoria, los patrones deben entregar una camisa, un pantalón y un par de calzado adecuados a la actividad.
- A los trabajadores que realicen tareas a la intemperie en condiciones climáticas de lluvia, rocío fuerte o suelo barroso, lo que deben entregar es una capa impermeable y botas para lluvia. “Este equipo será devuelto a la empresa luego de su utilización”, aclara la resolución.
A la CRA, la Federación Agraria, Coninagro y la SRA, tanta indumentaria les pareció un exceso. Las cuatro votaron en contra, pero la resolución igual fue aprobada.
De todos modos, la discusión que más debate despertó en el seno de la Comisión fue la resolución vinculada con la jornada laboral. El Régimen Nacional de Trabajo Agrario, vigente desde la última dictadura militar, no fija límites para el trabajo diario en el campo. Los reclamos de los trabajadores surgieron en las provincias de mayor poder reivindicativo. En la provincia de Córdoba el debate resultó sellado el 1º de octubre de 2002 y los considerandos de la resolución dan cuenta de los argumentos vertidos. Dicen:
- “Que el Régimen Nacional de Trabajo Agrario no establece una jornada de trabajo limitada para los trabajadores rurales”.
- Que incluso hay resoluciones que fijan jornadas “de sol a sol” o “conforme a las modalidades imperantes en la zona” o “ajustadas a usos y costumbres locales” (es decir, lo que el patrón de estancia quiera).
- Que “los actuales indicadores sociales denotan la existencia de una importante cantidad de trabajadores rurales que desarrollan tareas en exceso de una jornada normal de trabajo, mientras que se advierte el predominio de formas precarizadas de empleo y un elevado índice de desocupación”.
- “Que deben igualmente establecerse límites razonables a la utilización mensual y anual de horas extraordinarias”.
Esos principios erizaron la piel de los empresarios y el último de los considerandos quedó expresado de la siguiente manera (el encomillado es un riguroso textual): “Que las entidades empresarias firmantes (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro) no acuerdan con el contenido de los considerandos que anteceden, ni con la resolución que se dicta en consecuencia, la que sometida a votación ha contado con el acuerdo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Presidente de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario”.
Así, se estableció –a pesar de los dueños del campo– una jornada de trabajo que no podrá exceder las ocho horas diarias o 48 semanales, de lunes a sábado. Las horas extras, fijó la resolución, no podrán ser más de 30 semanales y 200 anuales, y “deberán ser abonadas con un recargo del 50 por ciento. Domingos y feriados se pagan al ciento por ciento”.
Esa misma resolución fue fijada ese mismo año para las provincias de Buenos Aires y La Pampa, con los mismos votos en contra. En Santa Fe fue aprobada recién dos años después, en 2004. En ese caso, la oposición fue sólo de CRA y la SRA.
El año pasado, la CNTA también determinó las remuneraciones para los cosechadores de algodón en las provincias de Chaco y Formosa. Fue el 6 de setiembre, en la resolución 50/2007. Se fijó un mínimo de 40 centavos por kilo cosechado. Un cosechador junta un kilo en alrededor de diez minutos. A 2,40 pesos por hora, un jornal de ocho horas sin parar suma 19 pesos con 20 centavos. A las cuatro entidades les pareció demasiado. Y votaron en contra.

En negro y como esclavos

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas tiene una fama peculiar en Formosa, donde su familia tiene extensos campos. El hace juicios por desalojo hasta contra miembros de su familia y Gendarmería tuvo que ir a rescatar a trabajadores paraguayos retenidos en su campo.

Por Laura Vales

“Al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Ricardo Buryaile, lo conocemos porque tuvo a trabajadores en negro y en condiciones de esclavitud. Los mandó traer del Paraguay para hacer desmontes en su estancia; cuando se quisieron ir porque no les pagaban lo que debían ganar, no los dejaron salir. Tuvimos que ir con la Gendarmería para que pudieran irse”, cuenta Benigno López desde Formosa, del otro lado del teléfono. El referente del Movimiento Campesino de esa provincia, el Mocafor, se refiere al mismo dirigente ruralista que esta semana se fue de la banquina con un sincericidio: “Si el Congreso ratifica las retenciones debería ser disuelto”. El vicepresidente de CRA tiene su estancia en aquella provincia del norte del país, donde en estos días está haciendo juicio por desalojo a familias de la zona.

–¿Buryaile es del mismo lugar donde están ustedes?
–Sí, de la zona donde tenemos la central del Mocafor, ahí tiene su estancia. El viene de la familia de los Nicora, que son una familia ganadera. Buryaile era su papá, que ya falleció. Tienen muchas hectáreas, porque fueron beneficiados con la política de concentración de tierras que se realizó principalmente durante el proceso militar. Mientras a los pequeños productores se les quemaba el rancho y se los desalojaba, ellos acrecentaron su propiedad.
–¿Cuándo sucedió lo de los trabajadores en negro?
–Hace ocho años. Nosotros tuvimos un incidente con él por estas personas que tenía, como le digo, en negro y en estado de esclavitud. Eran ciudadanos paraguayos que fueron traídos a trabajar. Querían cobrar sus ingresos y no lo podían obtener, y por eso quisieron dejar el trabajo, pero no los dejaron salir. En aquel momento nosotros intervinimos con la Gendamería nacional para que pudieran cobrar y volver a su país.
–¿Para qué tipo de trabajos los habían contratado?
–Hacían desmonte, trabajando a mano.
–¿Cuántas personas eran?
–Creo que ocho, no sé si el número es exacto porque fue hace tiempo. Actualmente tenemos otro incidente, porque Buryaile inició un juicio contra diez familias campesinas de la Colonia Santa Rosa. Estas familias están asentadas, son dueñas de las tierras desde hace más de 45 años pero no tienen papeles de propiedad privada. Son parientes de los Nicora y pagaron esa tierra con trabajo, pero cuando los Buryaile gestionaron la propiedad de sus tierras incluyeron la de ellos como propias y hoy los quieren expulsar.
–¿Sabe cuántas hectáreas tiene Buryaile?
–Seguro más de 10 mil.
–¿Cómo se pobló Formosa para que se diera esa concentración de la tierra?
–Después de la Guerra de la Triple Alianza se inició un proceso de ocupación del espacio territorial de la provincia por el que se adjudicaron grandes extensiones de tierras a manos privadas, a través de una ley nacional. Después vinieron campesinos paraguayos e indígenas a trabajar para La Forestal en condiciones de esclavitud. Años más adelante, llegaron desde el oeste salteños y desde el este paraguayos, que terminaron de poblarla. Estas familias tenían una situación irregular porque carecían de títulos de propiedad. En los ’60 y ’70 se fueron organizando las Ligas Agrarias para reclamar la posesión legal de las tierras, pero el proceso militar nos derrotó e hizo un “ordenamiento” con la intervención de un coronel de apellido López. Así repartieron grandes extensiones a los amigos del proceso, mientras los campesinos y antiguos pobladores eran expulsados o arrinconados. Hoy la mayoría de esos pequeños productores tienen sólo un título de adjudicación en venta (una constancia de que son pobladores ancestrales), mientras que los estancieros amigos del poder pudieron obtener sus títulos de propiedad.
–Las situaciones de trabajo en negro de las que habló, ¿siguen sucediendo hoy?
–En la provincia, como en todo el país, un alto porcentaje de los trabajadores rurales está en negro. Por lo general, en las grandes estancias trabajan familias que viven en una casa precaria. Trabajan todos, pero el único que cobra es el jefe de familia. Es algo típico de los campos de la Argentina.
–¿Quedó abierta alguna causa en la Justicia contra Buryaile?
–Entiendo que todo se cerró. La gente fue apretada, aquellos trabajadores volvieron al Paraguay y ya no regresaron. En su momento nosotros hicimos la denuncia ante la Gendarmería, pero después... en Formosa no hay causas abiertas contra los dueños de grandes extensiones de tierras.
–¿Formosa está afectada también por el avance, de la soja?
–Sí, nosotros abrimos causas judiciales porque algunas comunidades campesinas del Mocafor fueron fumigadas con glifosato. Se destruyeron cultivos, murieron animales, se enfermaron compañeros nuestros. Aparte, al ampliarse la frontera agropecuaria por la soja hay desmontes y quemas.
–¿Cómo se vive el lockout en la provincia?
–Con problemas de desabastecimiento, porque acá también hubo cortes.
–¿Qué postura tiene el Mocafor?
–Estamos en contra; de entrada, tenemos una historia desgraciada con estas entidades, que en la década del ’70 fueron los que nos expulsaron de las chacras. Aparte, creemos que la medida de las retenciones móviles es acertada, porque el Estado tiene que intervenir en el comercio exterior de la producción del agro. El Estado tiene que intervenir también en el comercio interno de alimentos. En Formosa hoy hay 10 mil familias de pequeños productores y prácticamente ninguno apoya el lockout.
–En pleno conflicto por las retenciones ustedes crearon el Frente Nacional Campesino. ¿Por qué?
–Porque hay 250 mil familias campesinas en el país que no tienen una entidad nacional que las represente. Siempre lo intentamos, y ahora una vez más estamos tratando de organizarnos en todo el país para llevar nuestros reclamos ante el Estado y proponer medidas que apunten a una nueva política agropecuaria.
–Se reunieron con el Gobierno. ¿Qué resultados hubo?

–Nos reunimos con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; con (el secretario general de la Presidencia) Oscar Parrilli, con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y esta semana vamos a volver al Congreso, para hablar sobre las retenciones y también sobre una nueva política agropecuaria, porque la actual es inviable. Nosotros cuestionamos el modelo agroexportador basado en la soja, la concentración de la tierra y la extranjerización de los recursos naturales. Lo venimos cuestionando hace mucho tiempo; ésta es la oportunidad de rever esa situación.

Lo que dejaron los piquetes rurales

La protesta de los empresarios del campo empezó a ser reivindicada por algunos intelectuales y políticos como una gesta cívica. Sin embargo, los cortes de rutas conllevaron una dosis de violencia que registra pocos antecedentes en democracia.

Por Fernando Krakowiak

Cuando las rutas todavía estaban cortadas, la protesta de los empresarios del campo empezó a ser reivindicada por algunos intelectuales y políticos como una gesta cívica que se inició por un reclamo sectorial para luego reavivar la discusión sobre el federalismo fiscal, el papel del Congreso y los derechos ciudadanos. Se exaltó la unidad “del campo” como gesto de madurez política y se caracterizó la búsqueda del diálogo, proclamada por los empresarios rurales, como un indicador de responsabilidad frente a la “soberbia”, la “represión” y el “autoritarismo” gubernamental. El flamear de las banderas argentinas y las oraciones ecuménicas que se rezaron en las rutas ayudaron a completar un discurso que busca convertir la protesta agraria en una muestra de civilidad frente al poder central. Sin embargo, el lockout y los bloqueos de rutas de los últimos cien días conllevaron una dosis de violencia que registra pocos antecedentes en democracia. Ni siquiera las organizaciones de desocupados que durante los ’90 cortaron rutas en reclamo de comida y trabajo se animaron a provocar desabastecimiento y suba de precios. Además, durante la protesta actual se impidió el paso de ambulancias, se agredió a embarazadas, se tiraron millones de litros de leche, se balearon camiones y ómnibus, se quemaron pastizales, se incendiaron autos y se intimidó a políticos que no adhirieron al reclamo. En muchos casos no fueron prácticas generalizadas, pero existieron. Lo que sigue es una muestra de lo que también dejó el lockout.

Corte mortal

El 26 de marzo, un piquete de productores agropecuarios en la Ruta 8, entre Canals y La Carlota, le impidió el paso a una ambulancia que trasladaba hacia Río Cuarto a Natalio Porta, jefe de Correo Argentino de Alejo Ledesma. El hombre, de 64 años, había sufrido un infarto y estaba grave. Sin embargo, los ruegos para que se le habilitara el paso fueron infructuosos. “El doctor les pidió por favor a los productores que nos dejaran pasar, pero no se movieron”, relató Dora, la esposa de Porta. Entonces, la ambulancia se tuvo que desviar a un sanatorio de Canals, pero como el lugar no contaba con los elementos necesarios para atenderlo, se lo trasladó nuevamente con la escolta de un patrullero. “Estuvimos cuatro horas dando vueltas hasta que lo atendieron, pero llegó tan mal que empezó a empeorar. Es una injusticia, me siento con impotencia”, declaró su esposa. Porta falleció una hora después de ingresar al hospital.

Agresión a embarazada

El miércoles 11 de junio, Claudio Spallina y Magali Mollar viajaban por Ruta 9 cuando un corte de productores los detuvo en la intersección de las localidades cordobesas de Villa María y Pilar. “Había una persona con una bandera en medio de la ruta. Yo venía agitando un trapo blanco. Freno y les muestro que mi mujer no daba más, estaba con trabajo de parto. Le pego un par de gritos para que me dejara pasar, pero burlándose se paró enfrente de la camioneta”, contó Spallina. En ese momento, esquivó el corte y siguió camino, pero más adelante, en Manfredi, fue interceptado por varios vehículos. “Me tiraron un auto encima. Se bajaron y comenzaron a golpear la camioneta y a agredirnos”, agregó Spallina. “Uno de ellos me dijo que me lo iba a hacer escupir al chico”, recordó Magali. Finalmente los dejaron ir y llegaron a la clínica. “La joven llevaba un embarazo de 39 semanas y estaba muy asustada por lo que les había sucedido en la ruta”, informó el médico Humberto Muntiel. “Gonzalo nació estresado, cuando intentamos realizar el parto normal la mamá no pujaba y el niño empezó a tener signos de sufrimiento, por eso decidimos la cesárea”, agregó. El 14 de junio, Clarín tituló: “Gonzalito, el bebé que nació ‘estresado’ por los cortes de ruta”, junto a un destacado que decía “Final feliz para una familia de Córdoba”.

Ataque a ambulancias

En la localidad santafesina de San Genaro, productores rurales bloquearon el paso de dos ambulancias que trasladaban heridos de un accidente y les rompieron los vidrios. “Todo el personal médico del hospital y la gente de la zona repudiaron ese accionar, hasta nos querían entregar los nombres de los productores para que iniciemos acciones judiciales contra ellos”, afirmó al diario La Capital de Rosario Luis Monti, uno de los heridos que estaba siendo trasladado al momento del ataque. El hecho ocurrió el jueves 19 de junio y el accidente previo al ataque se produjo porque un ómnibus de Empresa Argentina que se dirigía a Tucumán tuvo que agarrar por un camino alternativo en malas condiciones para esquivar un piquete que bloqueaba la intersección de las rutas 34 y 65.

“Guardias Blancas”

En Santiago del Estero también se produjeron hechos de violencia. El miércoles 19 de marzo, Andrés Torres y su familia se toparon con un corte de ruta de productores de la Sociedad Rural de Quimilí, sobre el cruce de las rutas 89 y 92. Andrés retrocedió tres kilómetros y tomó por un camino vecinal alternativo, pero también estaba cortado. Entonces intentó pasar, pero los productores lo increparon. Uno le dio una trompada en el maxilar que lo tumbó al suelo y lo dejó inconsciente. Luego de dos intentos de reanimación, su familia lo llevó al sanatorio Alberdi de la capital provincial, donde quedó internado en terapia intensiva. Entre los piqueteros había empleados de los campos más ricos de la zona. Entre ellos, el jefe de seguridad de una de las estancias. La familia aseguró que los agresores forman parte de las llamadas “Guardias Blancas”, organizaciones creadas por los empresarios para frenar la ocupación campesina.

Leche tirada

Los productores agropecuarios de Emilia impidieron el 13 de mayo el paso de camiones con lácteos de la empresa SanCor. Carlos Meinardi, un productor de esa zona, dijo a Cadena 3: “No los vamos a dejar pasar hasta que los directivos de SanCor expliquen por qué apoyan al gobierno nacional. La gente de SanCor está apoyando al Gobierno. Eso nos parece muy mal. Y por eso sus camiones no van a pasar”. Durante el primer lockout de 21 días ya se había tirado leche y, cuando los transportistas se sumaron a los bloqueos, la situación empeoró. SanCor informó que estaba tirando entre 300 y 400 mil litros de leche por día. Los productores dijeron que eran los camioneros, pero en muchas rutas los piquetes se organizaron de manera conjunta y las responsabilidades fueron compartidas.

Pastos quemados

Durante el conflicto también se produjeron numerosas quemas de campos que llenaron de humo la Capital Federal y otras ciudades. Los dirigentes rurales en todo momento exculparon a los productores, pero hubo seis imputados por los incendios registrados en el Delta. El juez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez, consideró al peón rural Sergio Salvador Vera autor penalmente responsable del delito de daño, estrago doloso y contaminación. Los productores Juan Leonardo Medina y Juan Pablo García fueron procesados por los mismos cargos y excarcelados. Mientras que al productor Antonio Pazzaglia y su administrador Jacinto Amantray se los eximió de prisión y siguen siendo investigados.

Transportes baleados

Dos camiones que transportaban hacienda fueron atacados a balazos el jueves 12 de junio. Los casos fueron campo adentro y pasaron prácticamente desapercibidos para los medios de comunicación nacionales. El productor Juan Carlos Carbonari denunció ante la policía que esa madrugada en un camino rural del paraje Las Moras, cerca de Sinsacate, donde se situaba uno de los piquetes más duros, dos camionetas interceptaron al camión jaula con 45 novillos y descendieron varios individuos que dispararon contra el transporte. Uno de los disparos impactó en el parabrisas. Luego, abrieron una de las compuertas del camión y mediante varios disparos espantaron a los animales. El segundo episodio fue denunciado por Jorge Cantonatti, dueño de un frigorífico en Colonia Tirolesa, cerca de Jesús María, quien aseguró que un auto y una camioneta cerraron el paso de un camión con vacas y que sus ocupantes hicieron disparos para obligar al camionero a alejarse del lugar. El día anterior también habían sido atacados seis camiones que transportaban combustible en la localidad entrerriana de Victoria. El 19 de marzo, por su parte, un ómnibus de FlechaBus que viajaba de Tucumán a Buenos Aires fue baleado cerca de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. No hubo heridos, pero la bala quedó incrustada en la carrocería. Carlos Santos, vocero de la empresa, indicó que el coche estaba parado en el piquete cuando recibió el impacto.

“Miguelitos”

Los transportistas denunciaron en varias ocasiones a los productores por arrojar “miguelitos” para bloquearles el paso. Sin embargo, el hecho más violento se registró el jueves 27 de marzo en Laboulaye. Durante la mañana, los camioneros liberaron parcialmente la ruta, pero al pasar algunos perdieron el control de sus vehículos y acusaron a los productores de poner los clavos. En ese momento dieron vuelta dos camionetas y les rompieron el campamento. Uno de los camioneros debió ser internado como consecuencia de un infarto. Clara Rafo, presidenta de la Sociedad Rural de Laboulaye, se desentendió de las acusaciones al asegurar que la protesta “se venía desarrollando en forma muy tranquila” hasta que un camionero rompió una rueda “por una mala maniobra”. Ese mismo día también hubo incidentes en Río Cuarto, sobre la Ruta 30, cuando los ruralistas impidieron la salida de un camión desde un frigorífico, hecho que generó un enfrentamiento y concluyó con diez personas arrestadas.

Ni pañales

Un camionero que transportaba pañales fue agredido por un grupo de productores en el cruce de la Ruta Nacional 8 y la provincial 4, en cercanías de la localidad de La Carlota, el lunes 16 de junio. “Los productores arrojaron una rastra para pincharle las cubiertas debajo del acoplado del camión. Pero el camionero siguió y un grupo de productores rurales lo siguió en camionetas para pararlo. Al lograrlo bajaron al conductor y al acompañante y los golpearon”, relató César Seimandi a Cadena 3. “El camión terminó con varios impactos de elementos contundentes y estamos investigando si son producto de disparos de armas de fuego, tal como denunció el camionero” Seimandi.

Auto incendiado

La familia Vaccaro, de Olavarría, denunció que el 3 de junio le quemaron el auto en la puerta de su casa porque en uno de los vidrios tenía una calcomanía con la leyenda: “Soy peronista; estoy con el Gobierno”. “No tenemos militancia en el PJ, apenas somos afiliados, y lo único que hizo mi padre fue pegar un cartel con su idea, sin atacar a nadie, así como otros ponen que están con el campo, y nos hicieron esta barbaridad”, dijo María José Vaccaro. “Es alarmante, porque mi viejo pasa todos los días por el piquete y lo tenían marcado”, agregó.

Los “escraches” durante el lockout

“Fraternales y democráticos”

Por Fernando Krakowiak

Las agresiones que los ruralistas protagonizaron durante el lockout no se circunscribieron a las rutas. Ya antes de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto para ratificar el esquema de retenciones móviles, muchos productores fueron a la casa de legisladores e intendentes para cuestionarles su adhesión al planteo kirchnerista o incluso su indefinición. El “escrache” que tuvo más repercusión fue el que sufrió el diputado oficialista Agustín Rossi el domingo 11 de mayo. “Fui objeto en mi domicilio y ante mi familia de una incalificable agresión personal de parte de un grupo de personas encabezadas por el presidente y el vice de la Sociedad Rural de Rosario, Jorge Ugolini y Miguel Calvo, que se trasladaron en sus vehículos para insultarme y agraviarme”, declaró Rossi. Otro de los escrachados fue el intendente de Bragado, Aldo San Pedro. “Tocaron timbre, pidieron con gritos e insultos que saliera a la calle, sin saber que estaba de viaje, patearon puertas y hasta algunos se subieron a un tapial para ingresar a la vivienda, donde sólo estaba mi mujer, muy asustada por lo que pasaba. Si persiste este grado de intolerancia, devolveremos golpe por golpe”, afirmó San Pedro. En la misma ciudad, un grupo de empresarios se manifestó en la casa de los padres del diputado provincial y presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara, Darío Duretti. El legislador dijo que “apedrearon la puerta de la vivienda e hicieron pintadas” y responsabilizó a “dirigentes de la Sociedad Rural local, la Federación Agraria y ex funcionarios del ex gobierno radical de Bragado”. En tanto, el senador provincial Carlos Mosse fue increpado por un grupo de unos cincuenta productores y transportistas cuando se retiraba de un restaurante en su ciudad, Benito Juárez. Los manifestantes cercaron al ex secretario de Hacienda de Néstor Kirchner y le impidieron que se subiera a su auto en medio de forcejeos.

También sufrieron “visitas” intimidatorias el intendente de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich; el de Gualeguaychú, Juan José Bahillo; y el de Trenque Lauquen, Jorge Barracchia, entre otros. Barracchia denunció que intentaron prenderle fuego la casa e incluso tiró tiros al aire para que los empresarios retrocedieran. Los manifestantes reconocieron haber arrojado un tambor de combustible vacío al patio de la casa, pero dijeron que saltaron la reja sólo para recogerlo y no para prenderlo fuego.

Pese a todos estos antecedentes violentos, el miércoles pasado la comisión de enlace convocó a realizarles “visitas” a los legisladores nacionales. “Queremos tener con ellos una discusión fraternal y democrática”, aseguró el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi. Hasta el momento no se denunciaron agresiones. Rossi, por las dudas, hizo responsable a la comisión de enlace de cualquier hecho de violencia o intimidación que sufran los legisladores mientras las retenciones móviles se debaten en el Congreso.

"Sin las retenciones seríamos jeques árabes"

Arrienda campos en Córdoba y dice que no entiende a los que están de paro. Afirma que el sector nunca tuvo estos niveles de rentabilidad. No oculta sus números.

Agustín Álvarez

Sincero. Armando no se queja de sus niveles de ganancia y no critica las medidas gubernamentales.

Carlos Armando es agricultor, pero no va al piquete de San Francisco, en el norte cordobés, donde trabaja 1.000 hectáreas alquiladas. Prefiere aguantarse las críticas de sus colegas. Ante Crítica de la Argentina, Armando reveló sus números. Aseguró que entre la soja y el trigo obtiene unos $1.490 de ganancia por hectárea, equivalente a un ingreso anual neto de un millón y medio de pesos. "Nunca nos fue mejor", dijo. Enseguida se atajó: "Ojo que no soy kirchnerista, ni siquiera lo voté". Tambero de tres generaciones, cambió las vacas por los granos en los 90. En medio de todo, el campo sublevado contra el alza de las retenciones disparó que si no pagaran derechos a las exportaciones los productores serían "jeques árabes".

–¿Cuál es su actividad?

–Fui tambero. Vengo de una familia de productores lecheros. Nuestro tambo era grande, de 10.000 litros diarios. Pero hemos dejado la actividad debido a la crisis que tuvimos en los 90. A partir de entonces me dediqué exclusivamente al maíz, trigo, soja y girasol. Tengo 45 años, 20 trabajando en el campo. Produzco en San Francisco. Trabajo sobre una superficie alquilada de unas 1.000 hectáreas. Se las alquilo a diez dueños distintos.

–¿Cuánto cuesta la hectárea en el área?

–Unos 10.000 dólares en nuestra zona, que es el límite de la Pampa Húmeda. Es lo que se conoce como suelos clase 2. Los suelos son buenos, pero nada que ver con Rosario, Pergamino o San Nicolás.

–¿Cómo son sus números?

–Ésta es una zona limítrofe, no es la Pampa Húmeda. El más beneficiado acá es el propietario de la tierra, que se lleva prácticamente el 50% de las ganancias brutas. Al arrendador nos queda un buen margen, pero tenemos a cargo todos los gastos y la explotación.

–¿Cuánto paga de alquiler y qué rindes tiene?

–El arrendamiento está 12 o 13 quintales de soja. Es más o menos el promedio para esta zona. En zona núcleo se pagan hasta 20 y 22 quintales. Tenemos rindes de 30 quintales por hectárea. Son bastante buenos. Este año hubo rindes superiores.

–¿Cómo se reparten ese producto entre semillas, contratistas y demás costos?

–Los costos se incrementaron mucho, pero tenemos 7 quintales de costo. Sumado el alquiler, pago en total 20 quintales. Con un rinde de 30 quintales, quedan 10 de ganancia. Sobre estos hay que pagar impuesto a las Ganancias. Luego, quedan unos siete u ocho quintales de ganancia, unos 740 pesos más o menos, por hectárea y por año.

–¿Recuerda otra época con esta rentabilidad?

–En los 90 estábamos de rodillas en el Banco Nación para pedir plata... No, algún período muy corto en los 80, cuando la soja llegó a 200 dólares.

–Los que reclaman dicen que los arrendatarios están ahorcados.

–Eso no es así. Fue una de las cosas que más me molestó. Porque nos ha ido muy bien estos últimos años. Me indigné viendo productores que se han enriquecido y se quejan; gente muy rica. La verdad es que nos quejamos de llenos. Mi hijo me preguntó por qué no voy al paro. En la escuela lo cargan porque su padre no va a los piquetes. Yo ruego que esto siga como hasta antes del paro, con la soja a 900 pesos, y que siga el trigo a 600 pesos. Estos valores nos cierran perfectamente.

–¿Y a sus vecinos les va tan bien como a usted?

–Mi socio tambero dice que tiene 40% de rentabilidad. Y no es el dueño de la tierra, es arrendatario. Está chocho, y tampoco va a los piquetes. Es el único en el pueblo que no me putea (risas). Se han enojado mucho con mis declaraciones. Me preguntan cómo no apoya al campo. Yo apoyo al campo, vivo de la tierra. Les explico a mis hijos que los paros son para los pobres, no para la gente que está bien. Y trabajamos poco, el resto del tiempo nos buscamos actividades. Yo tengo una huerta. Y porque trabajamos poco, el resto del tiempo se la pasan hablando macanas. A los piquetes van a divertirse.

–Pero las entidades reclaman por los productores a los que les va mal.

–Estoy indignado con las entidades que nos representan, mejor dicho, que no nos representan. Que no haya habido nunca una política agropecuaria es responsabilidad de ellas, que nunca la propusieron. Sancor es una mina de oro pésimamente administrada. (Fernando) Gioino fue presidente toda su vida, con una gestión malísima. Hicieron marchas con gente disfrazada de pobre, tractores oxidados, gomas desinfladas. ¡Eran tractores que tenían guardados en desuso!

–¿No le preocupan las retenciones móviles?

–Estos valores de la soja nos cierran perfectamente, con estas retenciones y con las viejas. Ojalá siga a 900 pesos. Con las retenciones viejas estaría como 1.200 pesos, ganaríamos una fortuna. Y sin retenciones, a 500 dólares son ¡1.500 pesos la tonelada! Seríamos jeques árabes. Pero yo no quiero un país de jeques árabes. Quiero ser rico en un país de ricos, no en un país de pobres. No soy kirchnerista, ni siquiera lo voté.

"Es una psicosis de masa"

"Veía mis bolsillos y no entendía cómo todos salían a protestar, me decían que estaba loco", contó Armando.

"A mis hijos, en la escuela, les preguntaban: '¿Qué le pasa a tu papá que no va a los piquetes?'", agregó.

"Intenté convencer a mis paisanos, no pude; fui al psiquiatra: pero también estaba con el campo", relató, desesperanzado.

El productor que arrienda campos a más de diez dueños no aflojó. "Debatí con él una hora y le conté que nunca habíamos estado mejor", contó. "Al final me lo agradeció, y me dijo que debía ser algo así como una psicosis de masa", concluyó.

 

Los dueños del negocio

Por Marcela Valente

"Yo podría prescindir de tener tierra, (pues) mi negocio no se altera", aseguró tiempo atrás Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores empresarios agropecuarios de Argentina. Su caso revela que el llamado "campo" excede en mucho el perfil de las asociaciones que lideran la radical protesta del sector.

Soy un sin tierra y tampoco trabajo (sino que) contrato servicios de terceros", se jactó el dueño de la empresa familiar Los Grobo, que controla 150.000 hectáreas, 90 por ciento de ellas tomadas en arriendo, cultivadas principalmente con soja y donde también produce ganado vacuno.

"Generamos un millón de toneladas de materias primas", calculó este empresario, que también negocios agroalimenticios Paraguay y Uruguay.

En Argentina hay 25 millones de hectáreas de tierras cultivadas y potencial para incorporar unas 10 millones más, según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se estima que el país produce alimentos para 380 millones de personas, casi 10 veces su población actual.

¿Quiénes son los grandes productores primarios? Hay un puñado de empresas que se destacan, aunque no son necesariamente los dueños de la tierra. Mantienen un perfil más que bajo en el conflicto por el alza de impuestos a la exportación de oleaginosas, una medida que no amenaza su subsistencia.

Como Los Grobo, otra grande sin tierras es El Tejar, una asociación de productores que explotan más de 180.000 hectáreas en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, dedicadas a la ganadería, desde la cría de animales hasta la exportación de carne, y a los granos, principalmente la soja.

Este gran negocio empresarial creció también en base al arriendo de tierra y a la contratación de servicios. Para 2012 se calcula que producirán 3,5 millones de toneladas de granos en un millón de hectáreas de la región, ya se en propiedad o alquilar.

Ni Los Grobo ni El Tejar participan en las asociaciones que lanzaron en marzo la fuerte protesta, con paralización de algunas tareas, bloqueos de rutas y marchas de maquinarias, en rechazo al aumento del impuesto a las exportaciones de dos oleaginosas dispuesto por el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández.

La movilización, que con la ayuda de camioneros afectados por la inactividad causaron desabastecimiento de alimentos y combustibles, está ahora suspendida hasta que el Congreso legislativo trate el proyecto enviado por el gobierno para transformar ese incremento a las denominadas retenciones a las exportaciones en ley.

"No es que no les convenga que se baje el impuesto, pero ellos tienen mucho más autonomía. Se manejan a gran escala y consiguen costos más bajos", explicó a IPS Guillermo Neiman, director de la maestría en Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su vinculación a las organizaciones agropecuarias responde a un interés más técnico que gremial. Participan en Aacrea, una entidad que trabaja para la mayor rentabilidad de las empresas del sector, o en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que difunde los beneficios de este sistema y la biotecnología en el cultivo de soja.

Hay otros grandes productores que sí son propietarios como la firma Cresud, que explota más de 165.000 hectáreas, o Adecoagro, del magnate húngaro-estadounidense George Soros, con 220.000 hectáreas principalmente en Argentina, pero también en Brasil y Uruguay.

También la familia Urquía tiene grandes extensiones de campos cultivaos con granos. Pero esa actividad es considerada parte de la agroindustria, puesto que su producción se destina a la fabricación de aceites y harinas para el mercado interno y externo. Tiene además la concesión de una red de transporte ferroviario de cargas y ofrecen servicios portuarios.

Entre las asociaciones empresariales que lideran la resistencia al alza de impuestos a las ventas externas, la más poderosa es la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a 10.000 terratenientes dedicados históricamente a la ganadería para la producción de carne, aunque últimamente los cultivos de soja se extienden por muchas de sus propiedades.

En los últimos años la ganadería perdió cinco millones de hectáreas en beneficio de la soja, hoy el principal cultivo de exportación del país.

Otro miembro muy activo en la protesta es la organización de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que representa a 100.000 productores de escala mediana, con propiedades que van de las 200 a las 1.000 hectáreas y "algunos más grandes", según explicó a IPS uno de sus socios. Producen lana, tabaco, cítricos, cereales, ganadería, pero el fuerte hoy también es la soja.

"Nuestros afiliados viven en el campo y son miembros de sociedades rurales de sus pueblos. En cambio los grandes tienen sus propias organizaciones", distinguió el portavoz de CRA refiriéndose a Aacrea y Aapresid.

Le sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), con unas 1.000 cooperativas asociadas, que producen arroz, granos, lácteos, vacunos, té y tabaco, entre otros cultivos. Su producción equivale a seis por ciento del producto interno bruto del país. Entre sus socios está la poderosa cooperativa láctea Sancor.

Finalmente, el gremio empresarial más combativo es la Federación Agraria Argentina (FAA), que reúne a otros 100.000 productores que poseen entre una hectárea "o menos", como indica uno de sus miembros, y 400 hectáreas "o más". Producen frutas, hortalizas, cereales, ganado, pero para todos la estrella actual también es la soja.

"Yo trabajo 300 hectáreas al año, 250 con soja. En el resto tengo algo de trigo y ganadería", explicó a IPS Alejandro Mareque, productor de la FAA con campos en la localidad de Máximo Paz, en la oriental provincia de Santa Fe. "El problema es que para nosotros comprar fertilizantes o semillas es mucho más caro que para los grandes", añadió.

Frente a esas dificultades, algunos prefieren alquilar su campo y viven de rentas. Su prosperidad se advierte en consumos suntuarios como automóviles de alta gama o embarcaciones de lujo cuyas ventas se dispararon en 2007 en ciudades como Rosario, la principal de Santa Fe y una de las tres más grandes de Argentina, donde los precios se traducen en quintales de soja.

En la zona donde produce Mareque, la soja rinde 36 quintales (3,6 toneladas) por hectárea. En 250 hectáreas, son 900 toneladas. En el mercado internacional, el precio por tonelada superó esta semana los 560 dólares. Después de pagar derechos de exportación, Mareque recibirá 300 dólares por tonelada.

Según Neiman, si bien los cuatro gremios tradicionales mantienen sus diferencias, tras la crisis de comienzos de 2002 sus bases comenzaron a parecerse. "La Sociedad Rural se pasó del ganado a la soja y la Federación Agraria representa a productores de soja con explotaciones más grandes, entonces el universo es más homogéneo", explicó.

No obstante, esa comunidad de intereses que en medios periodísticos locales se identifica como la representación del "campo", es sólo una parte del sector agropecuario, y no necesariamente la más poderosa. Los principales jugadores en la producción están por fuera de estas asociaciones.

"Las nuevas formas de producción no se basan en la propiedad de la tierra. Son firmas que arriendan, productores que se asocian, que buscan inversores, y contratan servicios de siembra, cosecha, acopio o venta de semillas", sostuvo Neiman.

El economista Daniel Lema, que estudia el impacto del cambio tecnológico en el campo, coincidió con esta visión. "Los datos de propiedad no dicen mucho hoy de la realidad del campo, pues 60 por ciento de la producción agrícola argentina se realiza bajo alguna forma de contratación", precisó. "Es un entramado muy complejo", añadió en entrevista con IPS.

En los últimos ocho años, comenzó a observarse una muy marcada separación entre propiedad y control de la tierra, remarcó Lema, quien trabaja en el INTA. Un pequeño productor puede tener 200 hectáreas y alquilar otras 200 o más, como sucede con los grandes, ejemplificó.

Otro dato novedoso es la incorporación de capital humano. "Hoy hay pleno empleo de ingenieros agrónomos o veterinarios que no terminan su tesis y ya tienen trabajo en empresas agropecuarias", indicó. El mayor conocimiento, unido a la mayor tecnificación, permite el aumento de escala en la producción.

No obstante, descartó un acelerado proceso de concentración como temen los pequeños productores que reclaman no ser absorbidos por los grandes.

"En la industria, la actividad está muy concentrada. Unas pocas empresas pueden dominar la mitad o 70 por ciento del negocio. En cambio en el sector primario la concentración es baja. Los ocho primeros establecimientos producen cinco o como máximo seis por ciento del total", subrayó.

Para el experto, ésta es una tendencia que difícilmente se altere en el corto o mediano plazo. "Se hace muy complejo manejar grandes extensiones. Resultan más eficientes los establecimientos medianos. No es que no haya grandes empresas, pero las pequeñas y medianas siguen siendo predominantes", concluyó.

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICADO DE PRENSA

 

LA CGT  REPUDIA  LOS EXABRUPTOS TOTALITARIOS DE DIRIGENTE RURALISTA

Y reclama que CORTEN CON LOS CORTES

 

La CGT repudia los exabruptos vertidos por el dirigente ruralista RICARDO BURYAILE, que son una afrenta para la mayoría del Pueblo Argentino que quiere vivir en democracia y no volver a los regimenes totalitarios del pasado.

A BURYAILE se le cayó la careta, y demostró su desprecio por el régimen democrático, en una declaración de claro tono golpista, al apretar a los legisladores expresando que si no sacaban las retenciones “había que disolver  el Congreso”.

Esta clara alusión a una actitud golpista de desconocimiento de las instituciones, no ha sido una expresión aislada por cuanto en sus antecedentes, deja claramente establecido su desprecio a la democracia, a la voluntad popular y al respeto a la dignidad de los trabajadores. En efecto, desde su clara vinculación con la dictadura militar más sangrienta que conoció la historia argentina, que mucho tuvo que ver con el origen o desarrollo de sus propiedades, hasta el trato cuasi esclavista, que testigos dan fe, que confiere a trabajadores argentinos o de los países hermanos, toda su conducta repugna a las más civilizadas formas de convivencia democrática y de respeto a los principios de la Constitución Nacional.

Sus referencias despectivas e infamantes hacia quien fuera el líder de los trabajadores y de todo el Pueblo Argentino, el General Juan Domingo Perón, lo coloca emparentado con los pensamientos más sórdidos, reaccionarios y violentos que tanta desgracia ocasionaron en la historia argentina.

Estas expresiones no se borran fácilmente, como la leche derramada por quienes a través de los cortes y el desabastecimiento demuestran el desprecio a la democracia, a la soberanía popular y a los derechos de la mayoría de los argentinos. Somos pacíficos, somos dóciles, pero se nos está agotando la paciencia.

Por ello, la CGT hace un nuevo llamado a quienes producen el desabastecimiento y pretenden provocar la paralización del país y afectar a productores y trabajadores, que demuestren no compartir la ideología totalitaria y antidemocrática de BURYAILE y levanten los cortes para que los argentinos volvamos a debatir en un marco de respeto y de convivencia democrática.

Buenos Aires, 20 de junio de 2008.

 





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